Hacienda reconoce que el informe que le impide transferir recursos a las regiones no existía

Desde el Ministerio señalan que nunca se habló de un informe como tal sino de «consultas» que eran verbales. No fue hasta finales de la pasada semana cuando se solicitó el documento. Y apuntan que ya disponen del informe , que acaba de llegar al Ministerio, y se entregará en cuanto sea posible.

Desde el PP, sin embargo, esgrimen que el Ejecutivo ha utilizado estos fondos para financiar los «viernes sociales» y como arma política para buscar apoyos para investir al Gobierno . Este argumento ha sido utilizado por el Ejecutivo como una de sus bazas para forzar la investidura.

Durante meses, Hacienda aludió a la Abogacía del Estado para evitar aprobar por decreto el reparto de estos recursos, diciendo primero que solo se podía hacer a través de los Presupuestos, para después de las elecciones señalar que al estar en funciones no era posible sacar esta norma y que cuando haya Ejecutivo formado, sería lo primero que aprobaría. Todo ello argumentando en cada momento que ese era el veredicto de la Abogacía del Estado.

La Generalitat de Cataluña, cumplió ayer su amenaza de emprender la vía judicial para pedir estos fondos al Estado. El malestar es común, pese a que el resto de regiones no ha seguido esta revuelta jurídica por el momento.

Después de que el Congreso tumbase los Presupuestos de 2019, Montero anunció que estaba buscando la forma de repartir a las comunidades las entregas a cuenta prometidas para este año. Sin embargo, finalmente no lo hizo, lo que deja a las regiones sin 4.739 millones al contar con los ingresos prorrogados por las cuentas de 2018. Estos recursos distribuyen las previsiones de ingresos para este año por los impuestos compartidos entre Estado y comunidades (como IVA o IRPF) para 2019.

Al no actualizarse se reparten, con pequeñas diferencias, la recaudación prevista en las cuentas de 2018, lo que deja a las regiones sin el aumento de ingresos de este año. Para 2019, las comunidades deberían recibir unos 9.000 millones más pero unos 2.500 provienen de la mensualidad de IVA pendiente de la liquidación de 2017 –en ese año entró el Sistema de Información Inmediata del IVA que contablemente restó un mes a los ingresos tributarios en el impuesto al postergar el plazo de ingreso–. Para asegurar este montante es necesario modificar la Ley del impuesto, por lo que al no haber Presupuestos y ante la convocatoria anticipada de elecciones, el Ejecutivo no pudo cambiarla.

Si a ello se le suma que la liquidación de 2017, que se reparte en 2019 para ajustar las diferencias a dos años vista entre las previsiones y la recaudación efectiva, es menor que la del año pasado, resulta en que las comunidades deberían recibir en definitiva 4.739 millones más que en 2018. Unos recursos que, al retener el Estado, provocarán que las comunidades incumplan el déficit y el Gobierno Central tenga más margen.

Curiosamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió a su predecesor, Cristóbal Montoro, aprobar por decreto la actualización de las entregas a cuenta. Lo hizo cuando aún era consejera de Hacienda de Andalucía en 2018. «No hay excusas para mantener esa demora y se tendría que tramitar un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta », señaló en febrero de 2018, una petición que entonces era unánime en el PSOE. El propio Montoro tenía en sus planes, cuando creía que no iban a salir las cuentas de 2018, sacarlo por decreto ley. Sin embargo, el Gobierno ahora señala que jurídicamente no es posible aprobar por decreto lo que pedía hace un año.