Granados todavía oculta en España las comisiones que Marjaliza le dio en billetes

Granados y su esposa, Nieves Alarcón, abrieron una cuenta en la entidad BNP Paribas en la que acumularon 1,5 millones de euros entre los años 2000 y 2006, en pleno apogeo de su etapa política, primero como alcalde de Valdemoro y luego como consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid . Granados canceló esa cuenta en 2007, cuando tenía un saldo de 1,7 millones. Los fondos los transfirió a otra cuenta abierta en febrero de 2007 en el mismo país a nombre de la sociedad Costarricense Droz&Co, cuyo beneficiario es David Marjaliza.

¿Por qué Granados entregó ese dinero a Marjaliza? La explicación la dio el empresario en la Audiencia Nacional. El propio Marjaliza le reembolsó los fondos en España al político «mediante sucesivas entregas de dinero en efectivo». La Fiscalía Anticorrupción añade que ese dinero « no ha sido aflorado todavía y por tanto permanece oculto ». Este no tiene por qué ser la totalidad del botín de Granados, sino más bien una parte. Las cifras que maneja la investigación son descomunales. Marjaliza, el gran beneficiario de los favores políticos de Granados acumuló en una sola sociedad más de 33 millones de euros. El empresario madrileño llegó a controlar casi una veintena de cuentas solo en Suiza.

El registro practicado en el domicilio particular de su secretaria, Ana María Ramírez, permitió el hallazgo de abundante documentación sobre estas cuentas que la asistente de Marjaliza escondía bajo su cama.

Por otro lado, cabe recordar que, como reveló ABC, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hallaron el pasado diciembre casi 800.000 euros en billetes de 500 escondidos en casa de los suegros de Granados.

El reciente levantamiento parcial del secreto de sumario ha revelado que la trama Púnica era una auténtica «organización criminal» en la que concurren « todos los criterios identificados en los análisis de delincuencia organizada grave », en palabras de las fiscales Anticorrupción. «Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial». Se refieren al conjunto de sociedades instrumentales que manejaba Marjaliza.

Por otro lado, el sumario también incide en que la Comunidad de Madrid utilizó el Canal de Isabel II para pagar a las empresas del informático Alejandro de Pedro por sus trabajos de reputación «online» para el Ejecutivo regional y su expresidente Ignacio González. Las empresas de De Pedro, Eico y Madiva, recibieron una «facturación ficticia» a través de dicha empresa pública , según varios testigos del caso Púnica. No obstante, en las declaraciones no citan expresamente que los trabajos de reputación fueran para el entonces presidente madrileño.

Adrián de Pedro, hermano del informático y «estrecho colaborador» en sus negocios, declaró ante el juez que l os pagos no se hacían a través de la multinacional Indra, como se apuntó en un principio . La encargada de facturación de dichas mercantiles, Guadalupe Caballero, también mencionó en la declaración que prestó en calidad de testigo el 5 de febrero de 2015 que Alejandro De Pedro le pidió anotar «a cuenta de la deuda con la Comunidad de Madrid» que se han abonado 14.000 euros. En esa comparecencia, señaló que «la deuda que tenían las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid de 140.000 euros le indicaron que la iba a pagar el Canal de Isabel II», añade.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco subrayó en un auto dictado el pasado junio que el exconsejero madrileño Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y los traspasos de efectivo se realizaron «por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid».

De hecho, la Guardia Civil preguntó en octubre de 2014 al experto en redes sociales, Alejandro de Pedro, por los tres sobres con 82.500 euros que habían sido localizados en su domicilio , dentro de dos chaquetas. El respondió que 2.500 euros, en billetes de cincuenta, procedían de un supuesto pago que le había hecho Indra y el resto eran ahorros suyos y de su mujer.

Además, explicó que el que fuera consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, le indicó que parte de la deuda que el Ejecutivo regional tenía con sus empresas, que ascendía a 140.000 euros , se haría a través de Indra.