Una juez pide al Supremo que impute a Puigdemont por fraude en la calidad del agua de Gerona

Puigdemont lleva más de un año y medio investigado por Fiscalía Anticorrupción en diligencias secretas seguidas este juzgado, que ya el pasado 9 de diciembre pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigase al expresidente. Sin embargo, la causa le llegó de vuelta cuando se confirmó su nueva condición de eurodiputado. Ahora, está aforado ante el Tribunal Supremo y es la Sala que preside Manuel Marchena la que debe decidir si sigue adelante con la causa y si, llegado el caso, pide permiso al Parlamento Europeo para lanzar orden de investigación o detención contra él.

Las pesquisas arrancaron al hilo de una denuncia de la CUP presentada en 2016 por administración desleal contra miembros del consejo de administración de Agissa, una empresa mixta con un 80% de capital privado (Girona S.A.) y un 20% en manos de los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter. La formación denunciaba irregularidades en esta concesionaria del servicio público de agua, a la que fue prorrogada dos veces la adjudicación siendo Puigdemont alcalde de Gerona.

La última prórroga del servicio se aprobó en el Pleno de ese ayuntamiento el 11 de marzo de 2013 con la condición de que Agissa abonase en cuotas un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios que participan de la empresa mixta. En el caso de Gerona, recibió 2.625.000 euros entre 2013 y 2015 que, conforme acreditaría la Intervención General del Estado durante la investigación, debían destinarse exclusivamente al mantenimiento, saneamiento y calidad del agua.

El entonces alcalde, sin embargo, no respetó esa «afectación jurídica del canon pagado por Agissa a los gastos del ciclo del agua» : un millón de euros acabó en la compra del primer lote de la colección de arte que dejó a su muerte el crítico e historiador Rafael Santos Torroella y que contiene un millar de piezas entre las que figuran obras de Miró y Dalí, así como un fondo bibliográfico.

La adquisición ya generó polémica, pues fue aprobada con el voto de calidad de Puigdemont en un bronco pleno el 14 de febrero de 2014: Suponía un desembolso de 3,9 millones de euros sólo por las piezas artísticas e implicaba el compromiso de exponerlas en Casa Pastors, un edificio del siglo XVIII que requería una importante inversión pública en rehabilitación.

Con todo, la iniciativa salió adelante. La cuestión es que según explica la juez de Gerona en su exposición razonada al Supremo, el consistorio desplegó una maniobra presupuestaria «ilícita e insuficiente» que contravino la Ley de Régimen de Haciendas Locales para materializar la adquisición, ya que el primer pago de aquellos cuadros, un millón de euros, salió del dinero para el agua que el Ayuntamiento había ingresado con el canon extraordinario de Agissa.

«Se ideó un artificio desde los presupuestos del equipo de Gobierno que fue asumido con mayor o menor conocimiento por once concejales en el Pleno del 14 de febrero y que llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua», dice el escrito de la juez.

El «artificio» consistió en mover el dinero de un presupuesto a otro, según acreditó en el juzgado un informe pericial. Así, el millón se consignó como un crecimiento de tres partidas de agua y saneamiento en 2014, pero sobre la marcha se detrajo de las mismas y un año después, apareció como un remanente del ejercicio anterior que quedaba libre para pagar la colección de arte. El pago se produce el 8 de abril de 2015 «causando -de acuerdo a la investigación- un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Gerona en la red de saneamiento y agua potable».

Y Puigdemont, que firmó personalmente el contrato de compraventa de la Colección Santos Torroella, lo sabía. Según el relato de los hechos que se le imputan, la «operación» que se puso en marcha «para ocultar que en realidad, el primer pago del precio de la colección se realiza a costa de las cantidades recibidas» para el agua, se desplegó con su «conocimiento y aprobación».

El resultado fue que en el año 2014 « se dejó de invertir en el llamado ciclo del agua por el Ayuntamiento de Gerona a pesar de haber sido presupuestado un gasto de 1,1 millones de euros y desde luego, pese a las necesidades de la red», dice la exposición razonada.

En este sentido, un informe aportado de la Agencia Tributaria aportado a la causa refleja que aquel dinero no sobraba. Si Gerona hubiese destinado los 2,6 millones del canon, como estaba previsto, al mantenimiento y la mejora de la red a lo largo de ocho años, se habrían inyectado 325.000 euros anuales, cifra «bastante inferior a la de los 20 años anteriores»: se duplicó el dinero que ingresaba el ayuntamiento de la concesionaria, pero las inversiones se redujeron a la mitad en detrimento de las instalaciones, que no estaban precisamente en forma.

La Fiscalía Anticorrupción aportó al juzgado un informe técnico elaborado por Mind Engineers sobre el abastecimiento de agua potable en los tres ayuntamientos parte de Agissa según el cual, se necesitaban «aproximadamente 1,5 millones de euros» al año para poner al día la red. El trabajo, elaborado en septiembre de 2015, alerta sobre la necesidad de sustituir las tuberías de fibrocemento que aún persisten porque el sistema de cañerías es antiguo, especialmente en la parte que abastece a las poblaciones, donde el 35,6% de los tubos están fabricados con este compuesto del amianto.

«Dicha naturaleza del material de las tuberías junto con la reducción de la velocidad del agua supone una rebaja notable en la calidad del agua, con el consiguiente riesgo del consumidor» , recoge la juez de las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre la compra en sí de la colección, los investigadores llaman la atención sobre varios pasos del proceso. Para empezar, porque se encargó a un tasador la evaluación del fondo y emitió factura por sus servicios en abril de 2013. Sin embargo, el Ayuntamiento de Gerona no autorizó este gasto hasta 35 días despué s y lo hizo con un decreto firmado por Puigdemont que «falta a la verdad en el elemento esencial», el objeto del mismo, puesto que el trabajo que la orden aparentaba encomendar ya estaba hecho.

Además, Puigdemont suscribió los «acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Gerona» un 6 de febrero de 2014, pero el informe del Interventor del consistorio informando sobre la operación es de un día más tarde.

Así las cosas, la juez, instada por Anticorrupción, pide la imputación del expresidente catalán en el Tribunal Supremo por prevaricación en tanto que firmó el «artificio» presupuestario a sabiendas de que debía destinar ese dinero a calidad del agua; falsedad en documento oficial por la tasación de la colección; y fraude a la Administración por el menoscabo resultante de la operación al Ayuntamiento de Gerona y el mantenimiento y calidad de su red de aguas.