González y su familia utilizaron hasta una guardería para blanquear

La primera se hizo a través de una empresa de gestión de guarderías. El matrimonio González Cavero participaba en ella a través de terceros . Lourdes aportó solo diez mil euros y con ello pasó a controlar el 20 por ciento de una sociedad que vale casi un millón. Los accionistas son familiares y amigos; Cavero presentó un proyecto que ese círculo íntimo valoró en 197.000 euros.

La segunda inversión que se destaca es la de una parte del accionariado de Auditel. «Por ese precio quiere decirse que si en vez de un millón le damos 800.000 también y los hay y el primero es Nacho, que además está muy interesado». Es una frase que le dice Pablo González a su cuñado José Juan Caballero en relación a la compra de una parte de esa sociedad que valdría entre uno y tres millones. Según el juez, da a entender que existe dinero para esa inversión (alrededor de un millón) y sostiene que se va a hacer como en otra ocasión a través de la ficción de un préstamo entre familiares que compensaría con «dinero B». Los hermanos barajan recurrir al abogado uruguayo Fernando Belhot para ejecutar la inversión -está implicado en un caso de corrupción en Argentina-. Pablo González lo describe como pasear fondos «por ahí por varios».

El abogado facilita a sus clientes estructuras societarias en numerosos países, según las pesquisas . Se describe así otra eventual compra del 50 por ciento junto con el expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana –contra quien no se dirige el procedimiento– de los derechos de una patente de un producto para desinfectar el agua. Las investigaciones desvelan que González planeó llevar a cabo esta inversión a través de sociedades opacas y testaferros y había ideado la forma en que no se vincularan los beneficios con la inversión.

Los agentes no llegaron a solicitar los cambios en la sociedad utilizada –South Capital Participaciones– ante el temor de que el notario de confianza, al que siempre acudía el expresidente, le pudiera avisar. González se destapa como «un hacha» que baraja incluso participar de manera directa sin comunicar al registro dicha participación . No se ha averiguado cómo lo hizo y cómo está la inversión en este momento por las cautelas citadas.

En otra de las escuchas, el exdirigente popular propone a su amigo Zaplana algo más que un negocio concreto .Le insta a montar una estructura financiera a través del citado abogado uruguayo «para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo». González valora que el letrado trabaje en países como Holanda, Estados Unidos o Uruguay, lo que se intepreta como que está buscando un cauce para «introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones» y que, según su información tributaria, no están declarados.

Estas son las operaciones de supuesto blanqueo y de gran calado que destaca Velasco, pero junto a ellas refleja otras de cáracter algo más limitado en relación al clan familiar. Así, describe una facturación triangular entre dos mercantiles para introducir fondos de origen desconocido en el circuito legal. Según algunas comunicaciones sería una operación de 50.000 euros que deberá ser corroborada por facturas intervenidas en los registros.

Se ha detectado además falta de liquidez en las cuentas del expresidente, por lo que este habría fingido préstamos para colocar dinero que compensaría con entregas de B. Para eso, insiste Velasco, usó a su padre nonagenario y a su hermano. Los importes rondan los 15.000 euros y el último intento de «préstamo» sería muy reciente, según las pesquisas.

« Existen una pluralidad de indicios que apuntan a que el expresidente de la CAM maneja dinero en efectivo en importantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema legal», concluye el magistrado contundente.

A lo largo del auto el juez desgrana operaciones vinculadas al Canal de Isabel II, a los teatros, al tren de Navalcarnero, a constructoras... Una de las vías de enriquecimiento del entorno directo de González que concreta es la siguiente: la extracción de 532.339,15 euros de fondos en efectivo de la sociedad Tecnoconcret(entre 2008 y 2010), adjudicataria de las instalaciones deportivas Golf Canal, y en cuyo accionariado estaban su hermano Pablo y su cuñado.

Las influencias que despliega González también quedan reflejadas: con Mauricio Casals, presidente de «La Razón» para «detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial». Según Velasco, habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defienda su imagen e intereses e intentó influir en terceros de la Administración para beneficio «propio o de otros».

La resolución judicial no deja títere con cabeza y desgrana nombres de personas, empresas y corruptelas varias. Influencia junto a Zaplana para mediar en los intereses del empresario Conrado Rodríguez-López Braun en un litigo conDefensa mediando «una contraprestación económica»; gestiones para el riego de un campo de golf en Alcalá de Henares. «Lobby» y enriquecimiento personal como presidente y luego como ex y una hilera de delitos que le han llevado a prisión.