El Gobierno no ve «privilegio ni perjuicio» en la semilibertad de los presos del «procés»

Cuixart y Jordi Sànchez, que llevaban en prisión preventiva desde el 16 de octubre del 2017 hasta el momento de su condena, son los que más tiempo han pasado entre rejas de los secesionistas que iniciaron ayer su vida en tercer grado –solo deben acudir a dormir a la cárcel cuatro días a la semana–. No han cumplido ni un tercio de la pena impuesta . «Nada que objetar» para Pedro Sánchez ni para Pablo Iglesias . De hecho, esas palabras fueron la escueta respuesta que brindó el presidente del Gobierno cuando le preguntaron, en su primera entrevista televisiva posconfinamiento, qué opinaba él sobre la concesión de este permiso.

Y en ese «nada que objetar», los partidos de ámbito nacional de la oposición no ven otra cosa que un silencio cómplice. El PP , Vox y Ciudadanos (Cs) contemplaron ayer con desazón cómo los líderes independentistas obtenían un «privilegio» de forma mucho más prematura que el común de los presos. El principal partido de la oposición anunció ayer que denunciará ante las instancias necesarias ese «privilegio» a los separatistas.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López , lamentó este trato de favor ante lo que supuso «el mayor ataque a la democracia» y un «auténtico golpe institucional». Hablaba del otoño del 2017, cuando los independentistas aprobaron las leyes de desconexión contra el aviso de los letrados del Parlament, de la oposición y del Tribunal Constitucional; cuando asediaron la Consejería de Economía catalana para impedir el cumplimiento de un mandato judicial; cuando celebraron un referéndum ilegal; y cuando concluyeron su viaje al precipicio arrojándose por él con la declaración de independencia ilegal.

López, en un vídeo publicado en Twitter, criticó el uso del «poder institucional» de los líderes independentistas catalanes para «quebrantar el principio de igualdad ante la ley» . «Esto el PP lo va a denunciar ante las instancias que pueda y, en todo caso, confía en que la Fiscalía General del Estado actúe conforme al principio de legalidad y determine y coadyuve a que las penas se cumplan como deben ser cumplidas», sentenció.

Desde Vox se criticó duramente la semilibertad de la que ya gozan los condenados. En su cuenta en la red social Twitter afirmaron en alusión a Cuixart: «Hace nueve meses fue condenado a nueve años de prisión por sedición. Hoy ya puede pasearse por la calle, participar en mítines y gritar "lo volveremos a hacer"». La formación que preside Santiago Abascal califica al separatismo como «una mafia», apuntando al Gobierno como «su principal cómplice». «Solo con ley y orden se recuperará la Justicia». Este comentario estaba acompañado del vídeo de Cuixart en el que se jactaba de, si fuera necesario, volver a desafiar a la Justicia, en unas declaraciones en las calles de Barcelona.

Igualmente, el diputado por Barcelona Ignacio Garriga advirtió en esta misma red social: «Dentro de poco estaremos en el Parlamento y seremos vuestra peor pesadilla. La esperanza para muchos catalanes y el conjunto de España». A juicio del dirigente catalán de Vox, «los tiempos de silencio, complicidad y sumisión se acaban».

Fuentes de Cs consultadas por ABC recuerdan que su formación, primera fuerza en Cataluña , llevaba meses advirtiendo de que dejar el futuro penitenciario de los presos del «procés» en manos de la Generalitat podía deparar estas consecuencias. En este partido, nacido con el objetivo de terminar con las cesiones al nacionalismo , cayó ayer con honda preocupación esta deferencia, pese a que algunos de los condenados amenazan con «volverlo a hacer» y no han pedido perdón a la sociedad catalana. Por eso, en la dirección de Inés Arrimadas ven clave que no haya ni un solo privilegio de Sánchez al separatismo y que bajo ningún concepto se les transfiera la Justicia.