El Gobierno lleva al TC la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre la Monarquía

La creación de la citada comisión se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los «comuns» y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP.

Para impedir que esa comisión inicie sus trabajos, el Gobierno ya ha puesto en macha el trámite pidiendo al Consejo de Estado el preceptivo informe y este viernes ha llevado ante el Consejo de Ministros la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Comisión de investigación sobre la Monarquía creada en el Parlamento catalán pretende investigar las «actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del 1-O».

Así consta en el texto que presentaron los impulsores y que se refiere a las empresas que decidieron irse fuera de esta comunidad autónoma después del referéndum ilegal.

Además, quieren que la comisión investigue las «presuntas cuentas irregulares del Rey Don Juan Carlos en Suiza y otros paraísos fiscales», y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Con su creación, el Parlamento suma una nueva comisión de investigación en este mandato: ya tiene tres en marcha -sobre los atentados de agosto de 2017, sobre el proyecto Castor y sobre el 155-, y otras pendientes de validación -sobre las cargas policiales del 1-O-.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya recurrió a finales de octubre pasado ante el TC la resolución aprobada en el Parlamento catalán el 11 de ese mismo mes, contra el Rey y la Monarquía, al ver en este texto «un nuevo intento» de iniciar otro proceso unilateral «que desemboque en la proclamación de una hipotética república» catalana.

La impugnación se presentó pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expuso que la moción del Parlamento catalán no constituía «objeto idóneo para su impugnación». El Gobierno no compartió entonces esta argumentación y acudió al Constitucional.