Gobierno e izquierda judicial tratan de frenar los nombramientos del CGPJ

Las continuas críticas del vicepresidente del Gobierno a la independencia judicial, sumadas a una campaña antimonárquica especialmente incisiva tras conocerse la investigación de la Fiscalía a Don Juan Carlos y su salida de España, han colocado a Casado en una situación difícil, acrecentada ya de por sí por el temor de que sus pactos con el Gobierno terminen pasando factura al PP, en términos electorales, en beneficio de Vox, que este otoño enarbolará una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

La falta de entendimiento entre ambas formaciones, necesario para llegar a la mayoría reforzada de tres quintos que la Constitución exige tanto en la renovación del CGPJ como del Tribunal Constitucional, va a suponer el enquistamiento de una situación que, salvo eventualidades como que el PP reconsidere su postura tras la citada moción, la convocatoria de elecciones por un hipotético fracaso en la aprobación de los Presupuestos o la salida de Podemos del Ejecutivo, no parece tener fácil solución.

En esta tesitura, el órgano de gobierno de los jueces, que preside Carlos Lesmes, ha decidido continuar con la actividad que le han encomendado la Constitución y las leyes y retomará esta próxima semana el proceso de selección de candidatos para ocupar plazas clave de la cúpula judicial, entre ellas las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta (Contencioso-administrativo, Social y Militar) del Tribunal Supremo y la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Ejecutivo y en la izquierda judicial, que se están movilizando para impedir que el Consejo en funciones continúe llevando a cabo nombramientos. Esta misma semana, y al constatar la falta de acuerdo para la renovación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que hasta hace apenas unos meses era acérrima «militante» la exministra de Justicia y hoy fiscal general, Dolores Delgado, volvía a la carga con una advertencia a los vocales del CGPJ. «Entendemos que, llegados a este punto, los miembros del Consejo General del Poder Judicial conocen sobradamente y no pueden obviar que el plazo de todos sus miembros hace ya casi dos años que llegó a su fin (...) La obstinación de seguir funcionando con una normalidad ajena a la realidad, realizando nombramientos que afectan y determinan la cúpula judicial, mal se compadece con un compromiso activo por la renovación del órgano constitucional que refuerce la confianza de la ciudadanía en el CGPJ».

Así, la UPF ha pedido a «todos los miembros» del Consejo que, «con base en el principio de lealtad constitucional», limiten su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y que se abstengan de adoptar, «salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas», en clara referencia a los nombramientos.

En la misma línea, desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), alineada ideológicamente con la izquierda, consideran que el Consejo debe poner todo de su parte para favorecer la renovación y critican el hecho de que prosiga su actividad más allá del «despacho ordinario de asuntos públicos». «Seguir funcionando con una normalidad ajena a la realidad, realizando nombramientos que afectan y determinan la cúpula judicial, mal se compadece con un compromiso activo por la renovación de un órgano constitucional que refuerce la confianza de la ciudadanía», dicen.

Fuentes del Consejo señalan que Lesmes ha sido el primero en recordar al Parlamento su obligación de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Desde enero de 2019 (un mes después de que venciera el mandato) lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones en comunicaciones dirigidas a las presidencias de Congreso y Senado. A ello se suma que, cada vez que se ha visto factible la posibilidad de acuerdo, es el propio CGPJ el que ha paralizado los nombramientos a la espera de que se consumara la renovación. Sucedió en enero, cuando aterrizó en La Moncloa el nuevo gobierno socialista, y volvió a pasar a finales de julio, cuando la buena sintonía entre los interlocutores de esta negociación, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique Lopez, auguraba el buen fin de un acuerdo en el que cada formación elegiría a diez de los veinte vocales. De los diez que correspondían al PSOE, dos se iban a dar a Podemos, aunque los vocales de Iglesias querían inicialmente cuatro.

Frustrado el acuerdo, que «no volverá a producirse mientras Sánchez no solucione el problema que ha creado al contar con un partido que cuestiona el propio orden constitucional», señalan fuentes del PP, la mayoría del CGPJ entiende que su actividad tiene que continuar. «Hay que garantizar el correcto funcionamiento de los órganos constitucionales», apuntan en el Consejo.

En este momento, y pese a las presiones recibidas, el sector progresista del CGPJ no se plantea una renuncia en bloque para forzar la renovación, como pretenden algunos sectores judiciales de la izquierda. Tampoco lo hizo el Consejo del Poder Judicial de Francisco José Hernando, del que formó parte como vocal el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuando estuvo en funciones un año y diez meses por falta de acuerdo para su renovación (el actual lleva en esta situación un año y nueve meses). Entonces, como ahora, el CGPJ continuó su actividad con «gobernando con plenitud, legalidad y legitimidad a la judicatura española», que es a quien el Consejo se debe, argumentó entonces Hernando.

Abona esa teoría la asociación Foro Judicial Independiente, que, con un puñado menos de votos que JJpD y sin representación en el Consejo (no presenta candidatos), ha pedido al órgano que, en beneficio de la carrera y de quienes legítimamente quieren concurrir –o ya lo han hecho– a vacantes en la cúpula judicial, se quede al margen de las negociaciones políticas y prosiga su actividad defendiendo los «legítimos intereses» de los candidatos. Esta es, a su juicio, la mejor forma de demostrar una verdadera independencia porque paralizar los nombramientos implica ante la opinión pública que su designación no obedece a una aptitud profesional (en cuyo caso daría igual qué vocales le eligieran) sino a «otras variables».