El Gobierno incumple la ley para ocultar el coste de los viajes de Pedro Sánchez

Según la ley, pueden ser considerados materia clasificada «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado» . Sin embargo, la calificación de «secreto oficial» no se otorga de manera automática. De acuerdo con la ley de Secretos Oficiales, sólo el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor pueden clasificar una información. Eso sí, deben justificar y razonar su decisión en cada caso «mediante un acto formal y con los requisitos y materializaciones que reglamentariamente se determinen».

Pero el Gobierno que dirige en funciones Pedro Sánchez, aunque esgrime una y otra vez que no facilita la información solicitada por ser «reservada», nunca cumple con los requisitos para ocultar de manera legal esos datos. Nunca justifica ante el Consejo de Transparencia cómo o por qué los datos sobre los viajes del presidente son «materia clasificada». Y, salvo que lo haya hecho ocultándoselo a la población, el Consejo de Ministros tampoco se ha reunido nunca para clasificar como secretos los desplazamientos del presidente del Gobierno. De hecho, si el Ejecutivo quisiera tapar de manera legal el coste de los viajes del presidente, debería sustentar mediante un acuerdo del Consejo de Ministros cada caso por separado.

Para justificar su negativa y esquivar la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968 -y por ende es franquista-, el Gobierno apela al acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986. Según la interpretación que hace Presidencia, el coste de los desplazamientos de Sánchez tendría automáticamente el carácter de materia reservada en virtud de dicho acuerdo, que sin embargo se refiere a la calificación de materias clasificadas en el ámbito militar, de la seguridad nacional y de Defensa.

Uno de los supuestos que según este acuerdo estaría protegido, serían «los informes y datos estadísticos sobre movimiento de fuerzas, buques o aeronaves militares». El Falcon es un avión militar, pero el Consejo de Transparencia denuncia que nunca recibe una motivación, como exige la ley, para considerar que se trata de información clasificada. De igual modo, la información sobre los viajes del presidente nunca podría ser clasificada de manera automática porque, como exige la ley, es necesario celebrar un acto formal para ello, en este caso, un Consejo de Ministros.

«El Gobierno tendría que motivar, justificar y razonar cada caso. Si tiene motivos para declarar secretos los viajes, tiene que hacerlo de manera concreta», insiste Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y uno de los mayores expertos de España en Transparencia. Eso sí, Blanes añade que, si el Ejecutivo consiguiera, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, convertir estas informaciones en secretas, se expondría a que alguien recurriera esa decisión y, si un juez lo estimara oportuno, a que el secreto fuera anulado. Eso sin contar que un Gobierno socialista se estaría sirviendo de una norma franquista.

El Consejo, que en la mayoría de los casos da la razón al ciudadano cuando solicita informes sobre los viajes del presidente, al considerarlos oportunos y de interés general, ha reflejado en sus resoluciones la contradicción que supone que el Ejecutivo tape a toda costa estos datos , alegando motivos de seguridad, a la vez que promociona los mismos viajes del presidente a través de sus canales oficiales.

Mientras tanto, el gabinete de Presidencia aprovecha el escaso margen de maniobra que la legislación otorga al Consejo de Transparencia para, simplemente, ignorar sus resoluciones, ya que sabe que nunca habrá un castigo -más allá del reproche de los medios de comunicación- por privar a los ciudadanos de una información que por ley debe facilitarles.