Caso Pegasus: el Gobierno, dispuesto a dejar caer a la directora del CNI para salvarse

«Vamos a tener la información completa y eso será la base de cualquier decisión que podamos tomar en el futuro» , dijo Bolaños sobre el futuro de Esteban en una entrevista radiofónica por la mañana; «estamos en el momento de aclarar qué ha sucedido. Cuando se determine todo lo que ha ocurrido tendremos que valorar qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, y lo haremos en el momento oportuno», remachó horas después Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ninguno de los dos, por tanto, defendió de forma clara el trabajo de los servicios de inteligencia, que se han convertido en la ‘bestia negra’ del secesionismo. Y no lo hicieron a pesar de ser plenamente conscientes de que las explicaciones de Paz Esteban , forzosamente, serán parciales y genéricas, porque en caso contrario estaría incumpliendo la ley que le obliga a manteer reserva sobre los aspectos operativos del trabajo del CNI. Por tanto, la directora comparecerá no solo en un foro parcialmente hostil, tras la maniobra del Gobierno de dar entrada en la comisión de secretos oficiales a ERC, Bildu, Junts y la CUP–formaciones que tienen entre sus objetivos acabar con el Estado tal como lo conocemos–, sino también con las manos atadas por la legislación vigente en esta materia tan delicada.

Para el independentismo, además, mantener la presión sobre el Gobierno con la excusa del funcionamiento del CNI siempre le va a dar resultado porque el Centro, por su naturaleza, no puede defederse. En estas condiciones, que Paz Esteban asegure que todas las actuaciones de la Casa en las que secesionistas hayan sido objetivo han tenido la correspondiente autorización judicial, ni les convencerá ni evitará que en el futuro continúen imputando a los servicios de inteligencia actuaciones ilegales.

En el CNI el malestar aumenta cada día porque ven que el Gobierno está dispuesto a poner en cuestión su trabajo con tal de recuperar la relación con sus socios independentistas y poder agotar la legislatura: «Se está desarmando al Estado para armar a los que quieren destruirlo», explicaron fuentes consultadas por ABC después de la visita de Bolaños al Palacio de la Generalitat para intentar apaciguar al Ejecutivo de Pere Aragonès . Y lo vuelven a comprobar ahora cuando ven, sorprendidos, cómo el Gobierno convoca una rueda de prensa para reconocer algo tan grave como es que los terminales móviles del presidente del Gobierno y de su ministra de Defensa hayan sido espiados hace ahora un año. Ningún líder internacional que ha sufrido intrusiones en sus teléfonos lo ha hecho, ni mucho menos ha presentado una denuncia judicial.

Las fuentes consultadas llaman la atención igualmente sobre el hecho de que el Ejecutivo decidiera hacer público el espionaje justo en el momento en que más presionado estaba por el asunto del espionaje a nacionalistas . Como informó ayer ABC , el Gobierno conocía desde hacía meses los sólidos indicios de que esos terminales habían sido atacados; es más, el de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya ya había sido investigado hace un año, coincidiendo con las otras dos intrusiones en el gabinete, y se supo que había sido hackeado. Ya entonces se hicieron auditorías de seguridad sobre varios terminales sensibles. Asimismo, el propio Centro Criptológico Nacional alertó de que se estaban produciendo esos acontecimientos y elaboró un documento con medidas de seguridad para intentar evitarlo.

Tal como adelantó este periódico, el Gobierno disponía entonces del ‘software’ necesario para detectar el virus Pegasus , que además le proporcionó la empresa israelí a la que se compró este programa en el momento de la adquisición. Es decir; tenía la capacidad para averiguar si se había producido el hackeo, aunque no para evitar la acción hostil.

Con estos datos sobre la mesa, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya advirtió el mismo lunes de la «casualidad política» de que se conociera el espionaje en la misma semana que debe comparecer la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales, aunque no quiso ir más allá. En cualquier caso, los tiempos del Ejecutivo parecen indicar que ha utilizado a los servicios de inteligencia al servicio de su estrategia política, sin tener en cuenta los costes que tienen este tipo de decisiones.

También ha sorprendido que el Gobierno se haya parapetado detrás del Centro Criptológico Nacional en la intrusión sufrida por Sánchez, cuando según algunas fuentes este no es el organismo encargado de detectar este tipo de incidentes, sino de investigarlos para intentar atribuir su autoría –lo que es prácticamente imposible–, saber cómo ha sucedido y corregir la grieta de seguridad, que es el trabajo en el que está centrado ahora. De hecho, esa labor de análisis de los terminales para detectar intrusiones no figura entre los objetivos del centro , que se recogen en su página web.

Los análisis de los teléfonos móviles de las personalidades del Estado son periódicos y están protocolizados, precsiamente para detectar espionajes lo más rápidamente posible y evitar más fugas de información.

Las fuentes consultadas recuerdan que para que un servicio de inteligencia pueda ser eficaz se necesita que esté alejado de la polémica política , por lo que todo este asunto repercute no ya solo en su trabajo, sino en su imagen. En este sentido, la rueda de prensa del lunes de Bolaños no contribuye precisamente al prestigio del CNI ni del Centro Criptológico Nacional, que depende de él. Para las fuentes consultadas con este tipo de actuaciones se traslada la sensación, por una parte, de que se actúa por libre, lo que no es cierto, y que esos centros son ineficaces, lo que tampoco es real. «Si los ciudadanos conocieran qué es lo que se ha hecho en muchos asuntos seguro que no tendrían esa opinión». Y recuerdan que muchos se aprovechan de que el Centro está indefenso ante los ataques absurdos y desaforados, porque por ley no puede responder dando cuenta de sus actuaciones.

De momento, la única ministra que ha defendido de forma clara y sin matices el trabajo del CNI es, precisamente, una de las afectadas por el espionaje: Robles, que recordó a los independentistas en el Congreso que todas las actuaciones de los agentes se hacen dentro de la legalidad y, cuando es obligatorio con la preceptiva autorización judicial.