El Gobierno desistió de crear una fundación pública de Memoria Democrática tras el aviso de Hacienda

El informe, fechado el pasado enero, apenas tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto, expuso varias reticencias. Aunque no cifró la cantidad, avanzó un previsible incremento del coste inicial en lo relativo a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la Fundación del Sector Público y la derogación de las disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 , que establecían que el plazo para las solicitudes de indemnizaciones por tiempo en prisión y a favor de expresos sociales finalizaba ese año.

El escrito, de carácter preceptivo para la tramitación del anteproyecto, puso de manifiesto que no estaba debidamente argumentada la necesidad de crear la nueva fundación. «La memoria no aporta ninguna justificación sobre la necesidad y la oportunidad de crear un nuevo órgano del sector público estatal (...) A este respecto, se recuerda que la creación de nuevos órganos tiene un impacto en los costes de personal y que debe acreditarse que sus funciones no pueden ser asumidas con las estructuras administrativas actuales», concluyó.

Respecto a los otros dos extremos, Hacienda también dejó claras sus dudas. «La MAIN manifiesta que la creación de la Fiscalía no supondría un aumento de la plantilla al procederse a amortizaciones de plazas actualmente existentes», introducía el escrito, para después aseverar: «Al respecto, este Ministerio, a la vista del expediente analizado, carece de documentación que permita valorar esta circunstancia, por lo que se consideraría, en principio, que la nueva Fiscalía de Sala supondrá un incremento de costes derivado del nombramiento de su titular».

Si bien la MAIN se refería a las posibles solicitudes de indemnización como un tema de «carácter reparador y eminentemente simbólico para los colectivos afectados» con «un impacto económico prácticamente inapreciable», el informe advirtió: «Dicha derogación supondría la restauración de determinadas indemnizaciones por tiempo de prisión y a favor de expresos sociales, así como la completa vigencia de las pensiones en favor de huérfanos mayores de veintiún años no incapacitados al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, o de la legislación especial de guerra». Y concluye: «Sobre este particular debe señalarse que, para ambos casos, debería valorarse qué departamento podría resultar competente para el reconocimiento de las indemnizaciones».

Fuentes del Ministerio de Presidencia confirmaron a ABC que la previsión de crear la fundación fue retirada, pero que los otros elementos no suponen un incremento sobre el nuevo fiscal, porque según informes de la Fiscalía General del Estado quedaría equilibrado por las jubilaciones. En torno a las indemnizaciones, porque ya se especificó que el departamento competente sería el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con la insistencia de que serán de «carácter residual». «Lo relevante es que Hacienda señala que tenemos crédito presupuestario para llevar a cabo la ley» , explican en la cartera que ahora dirige Félix Bolaños.

La subsecretaría de Hacienda reconoció que la MAIN que acompañaba al anteproyecto incorporaba explicaciones sobre las dotaciones presupuestarias que se suponen necesarias para el desarrollo óptimo de la norma. Así, en la propuesta de Presupuestos de Presidencia se reservan 600.000 euros para el censo de víctimas de la guerra y el franquismo ; hasta 500.000 euros para el banco de ADN de víctimas; 50.000 para un inventario de lugares de memoria democrática y otros 100.000 euros para el funcionamiento del Consejo General de Memoria Democrática y la elaboración de sus informes. No obstante, el presupuesto final para Memoria Democrática en 2021 asciende a 11.356.530 euros.

La ley de Memoria Democrática, lista para su debate en las Cortes, ha sido objeto de numerosas correcciones por varios ministerios. Como informó este periódico, Presidencia detectó más de cien errores e imprecisiones jurídicas que afectaban tanto a la forma como al fondo de la norma, proyecto estrella del Gobierno de Sánchez.