El Gobierno da continuidad a Maza con Sánchez Melgar como nuevo fiscal general

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Rafael Catalá , quiso tener un recuerdo especial para Maza, a quien describió como un «servidor público ejemplar» y de quien destacó sus «más de 40 años de servicio a la justicia», el último como fiscal general, «en una etapa bien difícil en la que tuvo un desempeño extraordinario». El Gobierno ha propuesto que se le conceda a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que premia relevantes méritos en la Administración de Justicia.

Sánchez Melgar (Palencia, 1955) es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2000 y ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Antes de aterrizar en el Alto Tribunal, ejerció en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y presidió la Audiencia Provincial de Ávila. Es autor de la famosa doctrina Parot , que posibilitó el cumplimiento íntegro de las condenas por parte de etarras, violadores y asesinos en serie. También emitió un voto particular contra la doctrina Botín, que libró al exbanquero de tener que afrontar un juicio por las cesiones de crédito al no ejercer la acusación el Ministerio Público.

Entre otros retos, Sánchez Melgar tendrá que ponerse al frente de las causas abiertas contra los independentistas en la Audiencia Nacional y en el Supremo. Fuentes del Alto Tribunal están convencidas de que lo hará «con la misma responsabilidad y sentido de Estado» que su antecesor y amigo Maza. Junto al restablecimiento del orden en Cataluña, la prioridad para el Gobierno, el nuevo fiscal general tendrá que afrontar el cambio en la instrucción penal para dejarla en manos de los fiscales, una tarea que, muy a su pesar, no vio realizada Maza por su repentina muerte.

Ahora, el Ejecutivo dará cuenta de la propuesta de nombramiento de Sánchez Melgar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su aval no es vinculante y consiste en un mero control por el que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, lo que en el caso de este magistrado se da con creces.

Según el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato «a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad» del mismo. Este informe tampoco es vinculante ni su candidatura sometida a votación.

Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal general, una vez nombrado, prestará ante el Rey juramento o promesa y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, lo que está previsto que suceda la semana del 11 de diciembre , según adelantó Catalá.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, señaló ayer que el Gobierno no les consultó el nombramiento de Sánchez Melgar, que «responde a los intereses del Gobierno, como lo fue en su momento el de (José Manuel) Maza». «Es más de lo mismo, un fiscal conservador que apoya al gobierno y que nombra un gobierno conservador», insistió Lastra.