El Gobierno propone a Julián Sánchez Melgar como sustituto del fallecido Maza

Sánchez Melgar estaba muy vinculado a Maza y como él, además de un prestigioso jurista, es un hombre de Estado. Además, Sánchez Melgar es magistrado del Supremo desde enero de 2000. Antes de llegar a la cúspide de la jurisdicción penal, ejerció en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y presidió la Audiencia Provincial de Ávila.

El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey , a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este aval del Poder Judicial no tiene carácter vinculante y consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, lo que en el caso de Sánchez Melgar se da con creces.

Según el citado artículo, recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato «a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad» del mismo. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación.

Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal general, una vez nombrado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Miembro de la misma Sala de la que era magistrado Maza y ponente de la doctrina Parot, que posibilitó que etarras, violadores y otros asesinos múltiples cumplieran íntegramente sus condenas, Sánchez Melgar es autor de varios libros dedicados al estudio del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuya reforma quiere abordar el Ejecutivo para dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales.

De perfil conservador, tiene fama de buen jurista y ha votado con magistrados de sensibilidad progresista en asuntos clave, como los límites a la acción popular de la «doctrina Botín» , por la que el exbanquero se libró del banquillo al no acusar la Fiscalía y no haber tampoco acusación particular. Fuentes del Supremo le describen como un jurista «sensato, prudente y con visión de Estado».