Lambán validó el pago de las mascarillas 'fantasma' con el informe en contra de los interventores
El Gobierno socialcomunista de Aragón tardó 21 meses en convalidar, al margen de la Intervención, la transferencia de 244.000 euros que había hecho a una empresa pese a no haber facturas regladas ni acta de recepción del material
Contrato bajo sospecha: El Gobierno de Aragón pagó un cuarto de millón por un cargamento 'fantasma' de mascarillas
El presidente de Aragón, Javier Lambán
El Gobierno aragonés del socialista Javier Lambán convalidó el pago de un cargamento 'fantasma' de mascarillas con el informe en contra de los interventores de la Administración autonómica. Estos se negaron a dar por bueno el expediente porque no estaba acreditado que realmente hubiera llegado ... el cargamento por el que el Ejecutivo regional había pagado por anticipado 244.570 euros a una empresa con sede en Ámsterdam (Países Bajos). En el expediente no constan ni las facturas originales preceptivas ni el acta de recepción de la mercancía, el documento oficial imprescindible para acreditar el cumplimiento efectivo de cualquier contrato oficial de suministro.
Como ayer destapó ABC , estas dos graves anomalías han sido censuradas por la Cámara de Cuentas en un informe en el que consta, además, que los interventores de fondos del Gobierno aragonés desaprobaron ese expediente. El cuarto de millón de euros que se abonó por ese supuesto cargamento de mascarillas y guantes para residencias de tercera edad no fue avalado por la Intervención, lo que constituye una grave incidencia.
El Gobierno aragonés intentó, primero, que el caso se resolviera internamente. Pero la Intervención se mantuvo en todo momento firme en su negativa a dar por bueno un pago con tales fallas. Así que la única salida que le quedó al Gobierno aragonés para acomodar ese pago en la contabilidad fue su convalidación directa, por acuerdo del Gobierno regional en pleno (Consejo de Gobierno). Así lo hizo el 22 de diciembre de 2021. Es decir, 21 meses después de que hubiera pagado a esa empresa, Escrown & Trust Europe Foundation, en torno a la que también hay una espesa nebulosa. El propio Ejecutivo regional ha dicho que se perdió el rastro de este proveedor, que no dio con él cuando supuestamente trató de regularizar la documentación.
La convalidación de ese pago bajo sospecha fue realizada como acuerdo del Gobierno de Aragón, lo que implica al cuatripartito que forman el PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR.
Ante la comprometida información que ha trascendido, el Ejecutivo aragonés organizó ayer una rueda de prensa de urgencia para capear el embrollo. Pero no comparecieron ni Lambán ni la consejera desde cuyo departamento se cursó este contrato bajo sospecha, la también socialista María Victoria Broto. El Gobierno regional mandó a dar la cara a dos cargos de segundo y tercer nivel: Noelia Carbó, directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), organismo que tramitó aquella operación; y un secretario general técnico, José Antonio Jiménez. Sostienen que el cargamento llegó y piden que se les crea, pese a que reconocen que faltan las facturas reglamentarias y el acta de recepción del suministro.
El PP va a exigir que el presidente Lambán comparezca ante las Cortes para rendir cuentas por lo ocurrido, dada la «gravedad» del «descontrol».