El Gobierno aragonés admite que no hay acta de recepción de las mascarillas por las que pagó 244.000 euros

Pese a la envergadura del asunto destapado en esa auditoría, no han salido a dar explicaciones en la rueda de prensa ni el presidente Lambán (PSOE) ni la consejera de la que depende el organismo que pagó por ese cargamento ‘fantasma’, la socialista María Victoria Broto , que está al frente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. El Gobierno regional, que el PSOE comparte con Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR, ha preferido que dieran la cara dos cargos de segundo y tercer nivel: la actual directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ente que realizó ese pago bajo sospecha, Noelia Carbó ; y el secretario general técnico de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez .

Ambos han insistido en descartar que se haya producido ilegalidad alguna en este procedimiento. «Que mi madre sepa que ese material ha venido» , llegó a decir en la rueda de prensa Jiménez en un intento por hacer más creíble su versión.

Sin embargo, ante las evidencias existentes, han admitido que son ciertas las dos gruesas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas: no existen las facturas originales por aquel cargamento y tampoco existe la obligatoria acta de recepción del suministro, un requisito administrativo esencial, básico, para poder garantizar que el contrato de abastecimiento se ha producido y que el material ha llegado.

Eso es lo que también llevó a la Intervención de fondos del Gobierno aragonés a censurar el pago y no dar su visto bueno al mismo, y lo que ahora ha hecho que la Cámara de Cuentas advierta sobre ese cargamento ‘fantasma’ por el que se pagó un cuarto de millón de euros. «No se ha podido obtener evidencia de que se haya recibido el suministro», concluye, rotundo, el informe de la Cámara de Cuentas, que tampoco ha dado por buenas las alegaciones formuladas por el Gobierno aragonés para evitar que se destaparan estas irregularidades.

Ante esas comprometedoras evidencias, Carbó y Jiménez apostaron en su rueda de prensa de este sábado por la tesis de que, pese a que la factura original no existe y tampoco el acta de recepción del material, las mascarillas y guantes por los que pagaron un cuarto de millón de dinero público sí que llegaron y se repartieron a residencias de ancianos de Aragón en abril de 2020.

En sus explicaciones han incurrido en sonadas contradicciones . Por ejemplo, Jiménez ha dicho que él estuvo personalmente en el aeropuerto de Zaragoza el día que llegó el envío y que existe documentación de aduanas, pero no ha sido capaz de explicar por qué no se levantó la elemental acta de recepción del material, que es lo que tienen que hacer los funcionarios de la Administración que paga.

José Antonio Jiménez también ha dicho que llegaron 7.000 mascarillas FFP2 defectuosas, que no cumplían los requisitos, pero no se devolvieron al proveedor . Por escrito, hace menos de dos meses –casi dos años después de lo ocurrido–, el Gobierno aragonés aseguró a la Cámara de Cuentas que esas 7.000 mascarillas, pese a ser defectuosas como FFP2, se utilizaron como mascarillas de menor protección . Sin embargo, este sábado Jiménez afirmó en rueda de prensa que «no se repartieron, no se podían repartir y se quedaron bloqueadas». Ante la contradicción, no ha quedado claro qué ocurrió realmente, lo que también es de calado, porque la responsable del IASS asegura que todo ese material acabó en residencias de ancianos , que fueron el foco más vulnerable y letal de la primera ola de la pandemia.

Más contradicciones. Para presumir de contrato, pese a las gruesas irregularidades detectadas por la Intervención de fondos y por la Cámara de Cuentas, Noelia Carbó aseguró este sábado en rueda de prensa: «Volvería a realizar el mismo contrato una y mil veces si fuese necesario». Esta vehemencia contrasta con la realidad: ella no fue la que firmó ese contrato . Ella lleva al frente del IASS desde junio de 2021. Es decir, llegó más de un año después de que se firmara el contrato que está bajo sospecha. Quien lo firmó fue su antecesor, Joaquín Santos.

Ahora el Gobierno aragonés intenta que la Cámara de Cuentas recule, que las irregularidades que han quedado en evidencia en el informe del que ha dado cuenta ABC queden contrarrestadas con otro informe que se espera para los próximos meses, sobre la contratación ligada al Covid. Ahí está centrando ahora sus objetivos el Gobierno regional. La Cámara de Cuentas, aunque es un organismo formalmente externo, forma parte de la estructura institucional de la Comunidad autónoma y sus máximos responsables son designados por los grupos políticos a través de las Cortes regionales.

Fuentes del PP ya han advertido a ABC que permanecerán vigilantes ante cualquier atisbo de maniobra forzada para rectificar el demoledor informe que ha puesto bajo sospecha este contrato de mascarillas. La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero , compareció este sábado en rueda de prensa para anunciar que van a exigir que el presidente Lambán dé la cara ante las Cortes para rendir cuentas por lo ocurrido. También quieren que lo hagan la consejera María Victoria Broto, de cuyo departamento depende el contrato bajo sospecha, y la consjera de Presidencia, la también socialista Mayte Pérez, que pilotó los contratos de adquisición de material frente al Covid.

Vaquero destacó el alcance de la información destapada por ABC sobre este asunto y afeó al Gobierno aragonés por no haber dado cuenta de estas graves incidencias. El Ejecutivo regional anunció su rueda de prensa de urgencia minutos después de que el PP hubiera convocado la suya.