El Gobierno advierte que estará vigilante ante los planes de Vox si gobierna en Castilla y León

Isabel Rodríguez no ha querido, por contra, pronunciarse sobre el proceso de formación de Gobierno. Eludiendo de este modo las preguntas sobre una eventual abstención del PSOE . Desde la mesa del Consejo de Ministros no se van a emitir mensajes sobre posibles pactos. Pero sí se ha querido dejar claro ese mensaje sobre las líneas rojas que ningún gobierno autonómico puede cruzar: «No le corresponde a este gobierno pronunciarse sobre la conformación de un gobierno autonómico. Dicho esto, lo que sí les puedo garantizar es que vamos a estar muy atentos a que no se produzca ningún retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos. En especial los de las mujeres».

Pero, ¿qué puede hacer el Gobierno ante la potestad de un ejecutivo regional de legislar dentro de sus competencias? Desde Moncloa no están apuntando a ninguna novedad, sino a algunos precedentes muy recientes. Fuentes gubernamentales apuntaban después a los recursos ante los tribunales. En enero de 2020 el Ejecutivo central envió un requerimiento al Gobierno de la Región de Murcia para que eliminase el denominado «pin parental» de los centros educativos al considerarlo «una censura previa» de los padres a las actividades programadas por los colegios que preparan un currículum como «parte del derecho fundamental de la persona a ser educada».

Unas semanas después, tras ese requerimiento, al no surtir efecto, presentó un recurso ante el TSJ de la Región de Murcia por considerar que que esta práctica «es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género». Apenas unos días después el TSJ suspendía esta herramienta cautelarmente, aunque no entraba a enjuiciarlo «por corresponder a un examen del fondo del asunto» y señala que «tendrán su oportuna respuesta en sentencia». Pero no la tuvo porque ese mes de julio el TSJ archivaba ese recurso al haber concluido el curso escolar. El verano pasado el Ejecutivo de López Miras, ya sin Ciudadanos tras la crisis de principios de 2021, aprobó una versión edulcorada de esta herramienta.

Es el precedente más claro de cómo puede actuar el Gobierno ante decisiones autonómicas que interprete que vulneran algún precepto legal. Más allá de esta advertencia, en el Gobierno no han querido entrar a valorar los resultados. Y por supuesto no consideran que el roce de los dos partidos que forman la coalición de Gobierno indique ningún desgaste del mismo. «La gestión del Gobierno se valorará cuando se convoquen elecciones generales», ha dicho la portavoz del Gobierno, recordando que «estamos en el ecuador y que la apuesta es garantizar «la estabilidad social y política». Fuentes gubernamentales sí hacen, como no podía ser de otro modo, una lectura muy similar a la que hace el PSOE. Destacando que un 30% de voto en Castilla y León no es un mal resultado.

Coqueteando con la idea de que las últimas medidas de la agenda legislativa del Gobierno, algunas adoptadas indisimuladamente en campaña, han contribuido a frenar el desgaste consustancial a dos años de gestión.