La gesta de un Gobierno con más gestos que gestión

Daba voz así a la vieja escuela que entiende que en política los símbolos son necesarios porque reparten ilusión entre el electorado -a ello está empleado el nuevo consejero aúlico de La Moncloa, Iván Redondo, experto en márketing político-; pero que es plenamente consciente de que lo importante para los ciudadanos es un Gobierno que sepa y pueda gobernar. En estos cien primeros días, el equipo de Sánchez se ha centrado en construir su perfil de hombre de Estado , con una agenda intensa en el exterior y más desdibujada en casa. A la fuerza. Sus 84 diputados no le permiten grandes alharacas. El Gobierno acumula gestos pero aún está por mostrar su capacidad de gestión.

Los independentistas catalanes auparon a Sánchez a La Moncloa y de sus votos depende. El Gobierno intenta aplicar una estrategia de distensión con la Generalitat, pero la espiral de tensión en las calles por la invasión de propaganda separatista y la llamada a la agitación social de Quim Torra para otro «otoño caliente» amenazan los planes de Sánchez.

Cataluña será su «Vietnam», según anuncian los más radicales del independentismo, que condiciona sus apoyos al Gobierno en el Congreso a lo que ocurra en el juicio del procés. De momento, Sánchez ha optado por hacer oídos sordos a las provocaciones. Su receta es el diálogo y un tratamiento privilegiado a Cataluña. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya negocia el traspaso de nuevas transferencias y la retirada de recursos a leyes aprobadas por el Parlament. Su primer gesto: acercar a los separatistas presos a Barcelona.

Sánchez vive una especie de luna de miel con Pablo Iglesias, con el que se ha reconciliado dos años después de que le cerrara el paso vetando un acuerdo de legislatura con Ciudadanos. Pero hoy es su socio preferente y el jueves le recibió en La Moncloa. Sánchez cree que la pinza de izquierdas le hará crecer y su mayor satisfacción es ver cómo PP y Cs se desgastan en «la batalla de las derechas». La pugna entre Pablo Casado y Albert Rivera, considera, le coloca a él en el centro.

El gran reto de todo Gobierno es aprobar los Presupuestos, aunque no está claro que Sánchez pueda hacerlo. Tampoco es su obsesión y eso que ha heredado las cuentas de Cristóbal Montoro que tanto criticó. Fue la condición que le puso el PNV para apoyar su investidura. Ahora se acaba de comprometer con Bruselas a enviar sus líneas maestras antes del 15 de octubre. Pero no ha logrado aprobar un nuevo techo de gasto y no podrá hacerlo en tiempo después de que PP y Cs hayan sumado sus fuerzas en la Mesa del Congreso para desbaratar su calentario.

Además, la gran incógnita es cómo logrará Sánchez sumar a su preacuerdo con Iglesias a partidos como PDECat y PNV, antagónicos de Podemos en materia económica. El lunes se comprometió a no prorrogarlos abriendo la puerta a un adelanto electoral que un núcleo importante de Ferraz le reclama.

Para el PSOE es suficiente con vender su programa económico y convertirlo en folleto electoral. Cuenta con Podemos, con el que negocia una notable reforma fiscal e intentará sacar adelante un paquete ambicioso de medidas sociales. En sanidad -acaba de aprobar la vuelta al acceso universal del sistema público de salud, limitado por el PP en plena crisis-; en educación -con el anuncio de Iglesias como la escolarización gratuita y universal de 0 a 3 años, libros de texto gratis y la concertada y la separación por sexos en el punto de mira de la izquierda-; y el impulso de nuevos «derechos», como la eutanasia.

El jefe del Ejecutivo se halla cómodo cediendo suficiente espacio a Podemos para que formule anuncios que están por cumplirse. Iglesias avanza una reforma fiscal que subirá la presión a las «rentas altas» y se la bajará a los autónomos. Y Sánchez habla de crear nuevos impuestos que no concreta, como el del diésel.

Fue uno de sus primeros anuncios nada más llegar al poder y también su primera gran renuncia. El presidente socialista confirmó su intención de establecer un nuevo tipo sobre la banca para financiar las pensiones, pero la presión del sector financiero le hizo rectificar.

En su primer mes también renunció a reformar el sistema de financiación autonómica, que con tanto ahínco demandó el PSOE a Rajoy. Sánchez alegó falta de tiempo y de consenso, lo que le ha supuesto el primer gran disgusto a sus barones, empezando por Susana Díaz y Ximo Puig. Tampoco se difundirá el listado de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. Gobernar le ha abierto los ojos: hay objeciones legales que impiden difundir los nombres de los beneficiados.

La frágil situación del PSOE en el Congreso no permite al Ejecutivo plantear sus grandes reformas prometidas. Sánchez ha renunciado a uno sus tótems, la derogación del mercado laboral del PP. Fue el mantra durante sus años de oposición y ahora tendrá que pactarlo punto por punto con sus socios más conservadores del nacionalismo vasco y catalán. También está por ver en qué queda la prometida correción a la «ley mordaza» , que se negocia en el Congreso. En el tintero han quedado igualmente su intención de obligar a los cargos públicos a prometer o jurar lealtad a la Constitución y al Rey.

Esta semana Sánchez hizo tangible otro volantazo. El Gobierno paralizó la venta de 400 bombas a Arabia Saudí arriegándose a romper un contrato de 1.800 millones de euros por la construcción de unas corbetas en los astilleros de Cádiz. Pero las protestas de los trabajadores gaditanos y el malestar del reino saudí obligaron al Gobierno a rectificar la negativa de la venta de los proyectiles.

Sánchez se ha aferrado a los restos de Franco. En su primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano ordenó desenterrarle del Valle de los Caídos, relanzando la causa de la izquierda española por la Memoria Histórica, que pretende volver a llenar de contenido y dotar presupuestariamente para abrir fosas de la guerra civil.

Además, el nuevo presidente socialista emuló el golpe de efecto de José Luis Rodríguez Zapatero ante la comunidad internacional que supuso la retirada de tropas de Irak acogiendo a los 629 inmigrantes del «Aquarius». Un gesto «humanitario» con el que anunció a Europa que España tendría otro estilo de gobernar. Un aldabonazo a la conciencia europea, según La Moncloa, que sin embargo duró poco. Semanas después, Sánchez rechazó el puerto a otro barco de rescate y se comprometió a un reparto ordenado con otros países europeos.

El presidente ha tropezado con la incongruencia de su política de inmigración. Y también han aflorado las primeras discrepancias internas a cuenta de la ambigüedad en la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica . Sánchez corrigió a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ha acabado destinando más de medio millón de euros en un abogado defensor. Pero el «autogol» más sonado ha sido la autorización para crear un sindicato de prostitutas , que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asumió en primera persona reaccionando rápido para anular el acuerdo. Aunque fue su directora general la que ha pagado los platos rotos, dimitendo. Ella firmó el anuncio publicado en el BOE.

El presidente socialista disfruta de la buena situación económica de España pese a que se han encendido las primeras alarmas de frenazo en sectores vitales como el turismo. Nada que ver con el abismo al que se asomó Rajoy en 2011. En sus cien primeros días el Gobierno del PP se hartó a decisiones drásticas -recortes, congelación de salarios- e impulsó medidas ideológicas -intento frustrado de reformar el aborto, eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía-. Y, para coronar, una huelga general. La llegada de Sánchez ha sido como un bálsamo y el cambio parece haber anestesiado las protestas de jubilados , alentadas hasta hace poco por socialistas y Podemos. O en RTVE, donde los viernes de negro han dado paso al orgullo colectivo dentro de la Casa, que calla ante las «purgas» selectivas