Garzón imputa a otras 34 personas, pero no aprecia asociación ilícita en la «trama»

Entre los nombres de esa lista -fue dada a conocer en la web del mismo diario que anunció la operación antes incluso de que llegaran los funcionarios al Ayuntamiento de Boadilla- están el hasta ahora alcalde de esa localidad Arturo González Panero; el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega; el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, y el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco, además del conocido empresario de comunicación José Luis Ulibarri.

Políticos y empresarios, en vilo

En este sentido fuentes jurídicas consultadas por ABC señalaron que lo único que está propiciando el secreto sumarial es una cascada de «filtraciones» que «mantiene en vilo» a políticos y empresarios que han podido tener relación con las empresas investigadas. Es el caso de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de la Valenciana, que en el primer caso ya se ha saldado con dos «víctimas políticas» , una de ellas, el consejero Alberto López Viejo, que no está imputado en la causa. El otro es el ex regidor de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo Guillermo Ortega.

A propósito de las «filtraciones», ayer se conocieron a través de la Cadena Ser las transcripciones de conversaciones que sólo obran en poder de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y del magistrado, quien precisamente el lunes abrió una pieza para investigar su origen. Ni este camino ni el emprendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de una denuncia del PP, han dado hasta el momento, que se sepa, ningún resultado.

Para las fuentes antes citadas resulta «preocupante» que se esté dando a conocer el contenido de conversaciones privadas en las que se está intentando «manchar» a personas por el simple hecho de que los imputados las mencionen en el transcurso de esas conversaciones. Es el caso del Cardenal Antonio Cañizares, al que, según la Ser, se refiere en una de estas grabaciones el presunto jefe de la «trama». En marzo de 2006 Correa asegura que su socio, Álvaro Pérez, «el Bigotes», se había ido a Roma con Cañizares para la visita del Papa. Pocos días después, Pérez comentó que le iban a hacer coordinador de la visita papal.

Referencias a terceras personas

A través de esa cadena los imputados también han podido saber que del PP «hay referencias poco significativas a Aznar», que se mencionan obras de la etapa de Álvarez Cascos y que se cita «muchas veces» al actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien tampoco está imputado. En una de esas conversaciones, Correa asegura que le ha dado más de mil millones por adjudicaciones de obras de la época de Cascos y afirma saber cómo Bárcenas sacó de España ese dinero y a qué paraíso fiscal lo llevó.

Siempre según la Cadena Ser, en las transcripciones hay dos referencias a Francisco Camps y «también se habla de otro ex alto cargo de la Comunidad Valenciana (en realidad es de la Comunidad de Madrid), Carlos Clemente», que fue viceconsejero de Inmigración. Correa dice que Clemente «le va a arreglar el tema de unos papeles» para una inmigrante ilegal rusa.

En lo que se refiere ya al procedimiento penal, y mientras desde el PP -que se ha personado en la causa y ayer presentó una queja ante la Fiscalía por la «utilización» de esta institución- se sigue cuestionando la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, el juez tomará declaración hoy a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, a Felisa Isabel Jordán -relacionada con empresas implicadas en la «trama»- y a Carmen Luis Cerezo.