Así se fraguó la célula preparada para atentar

«Desde su creación, en junio de 2017 hasta la actualidad, los mismos (los CDR) han experimentado una profunda transformación que ha afectado tanto a la propia estructura y organización de sus miembros como a los objetivos y al tipo de acciones que debían llevarse a cabo para alcanzarlos».

Así condensa el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la evolución del grupo radical en los autos del sumario de la investigación, al que ha accedido ABC. Entre sus propósitos estaba atacar torres eléctricas en Madrid, Aragón y Cataluña ; y tomar el Parlament durante una semana, un plan para el que decían contar con la ayuda del presidente de la Generalitat Quim Torra.

El investigador sintetiza esa transición, desde la protesta convencional en la calle hasta la creación de un grupo terrorista preparado para todo. «Los originarios Comités de Defensa del Referéndum dieron paso a los actuales Comités de Defensa de la República, con la finalidad de «exigir que se respetase y se materializase el resultado del referéndum del 1 de octubre» por el cual Cataluña debía constituirse como estado independiente en forma de república. Desde entonces, los CDR se han conformado como una organización criminal, cumpliendo escrupulosamente todos los elementos requeridos para ostentar tal consideración». Es la palabra del juez instructor, en base a los indicios acumulados en la investigación, un proceso que conducirá a un juicio cuando el humo de esa sospecha se solidifique en pruebas.

La lectura de los autos judiciales y los informes de la Guardia Civil permiten dibujar ese proceso de radicalización . Así se fraguó, paso a paso, el grupo desarticulado por la Audiencia Nacional con la operación Judas. Se les paró los pies a tres semanas para la publicación de la sentencia del «procés», el fallo que condenó a nueve líderes secesionistas por delitos de sedición y malversación.

Aunque la investigación intensificó la vigilancia a los ERT a partir de julio de este mismo año, el grupo comenzó a conformarse hace más de un año, en torno a septiembre de 2018. De aquellas semanas constan conversaciones en las que los encarcelados ya comentaban su intención de asaltar el Parlamento catalán.

Una escucha de una llamada realizada el 8 de octubre de 2018 entre dos de los CDR –Ferrán Jolis y Xavier Buigas– desvela «un plan de conspiración contra las instituciones políticas en Cataluña, con la intención de blindar la institución pública para evitar que se pudiera acceder desde el exterior».

Ferrán Jolis –el imputado que involucró a Quim Torra en ese plan– aseguró en esa conversación: «Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada». Había recibido el encargo de establecer una red indetectable de comunicaciones para poder operar en el interior de la cámara regional.

El salto cualitativo del grupo comenzó cuando uno de los CDR encarcelados, Jordi Ros, contactó con varios empresarios simpatizantes con su causa para comprar «200 kilogramos de parafina», así como otros componentes químicos y material de laboratorio, con la intención de fabricar termita. Era el 17 de julio de este año, y el conocido como «núcleo productor» de los ERT aceleró sus planes para preparar todo el material para actuar.

El 26 de julio , el mismo CDR adquirió 25 litros de ácido nítrico y otros 25 litros de ácido sulfúrico en el establecimiento Productos Químicos , situado en Terrasa. Como hacía falta una identificación, el encarcelado utilizó la empresa PLX Coats, fabricante y distribuidora de productos químicos, propiedad de Joan Urrea Megia, un empresario que le orientó en la compra. Unos días antes, el mismo Ros llamó a otra empresa, Esmolats Sandoval, de Sabadell, para preguntar por la adquisición de unas 20 bolas de rodamientos (cojinetes) del tamaño de unas canicas, y de unas virutas de hierro.

Mientras hacía esas operaciones –que continuaron los días siguientes, interesándose por una báscula de precisión y un equipo de electrolisis–, el teléfono de Ros estuvo apagado.

A partir de ese momento, los CDR comenzaron a reunirse sobre todo en dos lugares, utilizados como laboratorios clandestinos: el domicilio de Alex Codina, ubicado en San Fausto de Campcentellas, un municipio de Barcelona; y en la casa de los padres de Ros, situada en Sabadella, la localidad industrial originaria de varios de los acusados de terrorismo. A lo largo de agosto, a Ros, Codina y a Germinal Tomas Abueso –el tercer miembro del subgrupo productor– se les vio entrar y salir de sendos lugares, en ocasiones cargados con diverso material . El 22 de agosto, Ros compró dos precursores de explosivos, una acción que admitió en su declaración judicial.

Las pruebas que practicaron los CDR provocaron dos incidentes. El 22 de mayo de este año se produjo un incendio en la vivienda de Ros. «Menuda bomba tenía allí liada», confesó el mismo en una conversación pinchada. Meses más tarde, el 25 de agosto, las señales llegaron del otro laboratorio del grupo, el domicilio de Codina. «Se han obtenido imágenes del patio de la vivienda en las que se puede apreciar cómo se producen destellos y una gran humareda que confirma que estarían llevando a cabo las actividades relatadas de manipulación, fabricación o elaboración de productos peligrosos».

Esos preparativos continuaron a medida que avanzaba septiembre, mientras el ambiente político se calentaba a la espera de la sentencia del «procés». Un informe de la Guardia Civil explica que estos actos no eran hechos aislados, sino «parte de un todo».

Los investigadores aprecian evidencias de que el objetivo era transformar ese material en «compuestos explosivos, deflagrantes e incendiarios», para utilizarlos en acciones violentas. El sumario acumula múltiples pruebas como grabaciones, seguimientos, fotografías de los arrestados comprando el material o documentación intervenida.

Según el sumario, las acciones finales recaían en el núcleo ejecutor de los ERT, formado por los miembros más radicales, como Eduardo Garzón y Xavier Buigas. «Una vez provistos de los elementos idóneos para su fin, los citados explosivos serán utilizados por parte de la organización, contra personas, lugares o puntos sensibles como el Parlamento de Cataluña e infraestructuras críticas». La operación policial y judicial del 23 de septiembre cortó esos planes y evitó tal desenlace.