La Fiscalía tardó 17 meses en pedir la retirada del pasaporte a Pujol Ferrusola

La expareja de Pujol Ferrusola, conocido como «Junior», relató a la Policía en aquella confesión que ella y Jordi Pujol hijo viajaron a Andorra con «fajos de billetes de 500 euros» en el maletero del coche de Pujol Ferrusola, una acusación que ratificó ante el juez Pablo Ruz el 17 de enero de 2013.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –quien sucedió a Ruz al frente del juzgado central de instrucción número 5 y, por tanto, del caso abierto a Pujol Ferrusola– acordó por primera vez limitar los movimientos de un miembro del clan Pujol el 13 de febrero de 2016, un día después de que se lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción tras la segunda declaración de Pujol Ferrusola por este caso.

El magistrado no puede adoptar ninguna medida cautelar si no se lo solicita una acusación del caso, ya sea pública o privada, ni ir más allá de las que le pidan en ese escenario. Aquel día, De la Mata adoptó lo que le solicitó el Ministerio Público : retiró el pasaporte a «Junior», le prohibió salir de España y le obligó a presentarse en el juzgado más cercano a su casa una vez a la semana. El objetivo de las medidas cautelares, cuya versión más grave es la prisión provisional, es evitar que el imputado entorpezca la investigación. Los motivos tasados que las justifican son, según la ley, que exista alguno de los siguientes tres riesgos: que el investigado se fugue, que destruya o altere pruebas o que sea reincidente y vuelva a delinquir. La alarma social no es una razón para ello.

A pesar de que la Justicia indagaba en los negocios sospechosos de «Junior» desde comienzos de 2013, las medidas cautelares graves sobre un Pujol llegaron más tarde. La Fiscalía Anticorrupción tardó, en concreto, 17 meses en pedir al juez que retirara el pasaporte y prohibiera salir de España a Pujol Ferrusola desde la primera declaración de «Junior» como imputado en la Audiencia Nacional, el 15 de septiembre de 2014, cita tras la que no solicitó ninguna medida cautelar.

El Ministerio Público desaprovechó aquel interrogatorio, ante el juez Ruz, quien le imputó por los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Entonces, «Junior» aseguró que engordó su fortuna durante los gobiernos del tripartito en la Generalitat, encabezados por los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla , pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado no solicitaron ninguna medida cautelar contra él.

Fuentes fiscales explicaron a ABC que el Ministerio Público actuó y pidió las medidas cautelares cuando los indicios de delito, sustentados en informes consistentes, estaban más acreditados. De hecho, la fiscal Belén Suárez no pudo ir más allá en octubre de 2015, porque el magistrado limitó el registro de la casa de Pujol padre a la habitación en la que se hospedaba de forma temporal «Junior». Aquella diligencia no aportó los potentes indicios que se buscaban encontrar y la fiscal, ante la actitud del juez , desistió de ir más allá en ese momento.

El juez no se cree las explicaciones de «Junior», quien aseguró que multiplicó la fortuna de su familia con labores de asesoría e intermediación en negocios, y sospecha que cobró comisiones irregulares de empresarios ligados a la contratación pública.

Esta investigación, que indaga en los negocios sospechosos del hijo primogénito, ha terminado por concentrar en una misma causa a casi toda la familia: los padres Jordi Pujol y Marta Ferrusola y seis de sus siete hijos. El juez De la Mata asumió la causa por la herencia del clan, la fortuna que ocultaron en Andorra y que confesó el «expresident», al vincular el origen del dinero a los negocios de «Junior».

La situación procesal de los Pujol choca con la de otros investigados por corrupción, como el antiguo secretario general del Partido Popular madrileño Francisco Granados, el financiero Mario Conde o los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa o Luis Bárcenas, investigados que pasaron un tiempo en la cárcel mientras el juez indagaba sus movimientos, como medida preventiva para que no se fugaran o entorpecieran la investigación. Granados fue encarcelado el 31 de octubre de 2014 y la Audiencia Nacional prorrogó su situación.