La Fiscalía del Supremo, partidaria de devolver a la Audiencia la causa contra Iglesias al verla inacabada

Fuentes del Ministerio Público señalaron a ABC que, tras escuchar a la «plana mayor» de los fiscales de lo Penal del Supremo, la fiscal Pilar Fernández Valcarce ultima un informe en el que tiene previsto pedir a la Sala que devuelva la exposición razonada al instructor del caso Dina.

El juez de la Audiencia Nacional elevó esta exposición al Supremo el pasado 8 de octubre y en ella solicitaba que se investigue a Pablo Iglesias , tres miembros de su equipo legal, su exasesora Dina Bousselham y el marido de esta por distintos delitos relacionados con la gestión de la tarjeta del móvil sustraído a ella en 2015.

En el caso de Iglesias, García Castellón expone indicios de un delito de revelación de secretos por la apropiación indebida de ese dispositivo que mantuvo en su poder durante meses sin decírselo a su propietaria y el acceso no consentido a los datos que contenía, dado que consultó lo que almacenaba dentro. Este delito sólo se persigue a instancia del perjudicado y no consta de momento que Bousselham tenga intención de emprender acciones contra el que fuera su jefe.

No obstante, también se le imputa un delito de daños informáticos habida cuenta de que el dispositivo funcionaba cuando en enero de 2016 se lo entregaron en la revista Interviú y estaba «inoperativo» cuando meses después, lo entregó por fin a Bousselham. Con todo, la instrucción en la Audiencia Nacional no ha llegado a esclarecer si se provocaron daños internos en la tarjeta ni si son atribuibles a Iglesias, porque la Sala de lo Penal ordenó al juez que cesara en esta línea de investigación habida cuenta de su aforamiento. Sería el Supremo, de admitir la razonada, quien tendría que practicar las diligencias que faltan.

Además, y en conjunto con la también aforada Gloria Elizo y dos miembros del equipo legal de Podemos que ella dirigía, el juez imputa a Iglesias un presunto delito de denuncia falsa. Considera que urdió una «estrategia» para vincular en los tribunales el robo del móvil de Bousselham con la publicación de parte de sus contenidos en prensa a sabiendas de que la filtración podía haber salido de ella.

Según García Castellón, tras fracasar en su intento en la justicia ordinaria, replicaron el ardid en la Audiencia Nacional cuando los mismos archivos de Bousselham aparecieron entre los archivos del comisario Villarejo, en un «uso torticero» del sistema de justicia.

Por último, imputa a Bousselham y su marido denuncia falsa por haber sostenido esta versión en sus declaraciones como testigos en la Audiencia Nacional y además, haber faltado a la verdad en las declaraciones. Ella se contradijo sucesivamente sobre el estado en que Iglesias le devolvió la tarjeta y él ocultó que la habían recuperado.

Fiscalía Anticorrupción no está de acuerdo con la perspectiva del juez. Fueron ellos quienes propusieron expulsar a Iglesias del procedimiento y apuntaron la posibilidad de delitos de revelación de secretos y daños informáticos en el vicepresidente, concluyeron que se disipaban las sospechas sobre Villarejo porque la filtración pudo salir de Bousselham y pusieron sobre la mesa un delito de denuncia falsa como objeto de la investigación. Sin embargo, han recurrido el cierre del caso. Consideran que faltan diligencias y que hay que seguir en la línea de esclarecer el papel que jugó Villarejo.

En una nota interna remitida a los fiscales del Supremo, advertían además de que en el caso de denuncia falsa, tendría que haberse investigado desde los juzgados ordinarios donde se puso aquella denuncia antes de llegar, en su caso, al alto tribunal, tal y como informó este diario.