Anticorrupción, en contra de abrir causa a Iglesias en el Supremo

El informe había sido solicitado a Anticorrupción por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, quien ha asumido el posicionamiento del Ministerio Público por tratarse de un aforado miembro del Ejecutivo, de acuerdo a las fuentes consultadas. No lo hará solo, contará con ocho fiscales de Sala para decidir si insta a la Sala de Admisiones a abrir causa contra Iglesias o por el contrario, propone que se rechace la exposición razonada.

En su escrito, una nota interna, los fiscales Anticorrupción a cargo del asunto en la Audiencia Nacional, Ignacio Stampa y Miguel Serrano , señalan en primer lugar, que el delito de revelación de secretos que el juez Manuel García Castellón atribuye indiciariamente a Iglesias, sólo se persigue si la afectada, su exasesora Dina Bousselham, lo denuncia. Y ella ha manifestado en reiteradas ocasiones por escrito que no ve conflicto de interés con el vicepresidente ni parece tener, por tanto, ninguna intención de denunciarle. Los fiscales ya pidieron en su día que fuese citada a declarar para que expusiera su posición al respecto, pero la diligencia no llegó a ser acordada y ahora queda en manos del Supremo.

En cuanto al segundo delito que se atribuye al vicepresidente, los daños informáticos en la tarjeta de memoria del móvil robado a Bouselham que el tuvo en su poder durante meses sin avisar a la propietaria, Anticorrupción entiende que no se puede acreditar que Iglesias causase los desperfectos porque ni si quiera se ha demostrado en la instrucción que el dispositivo los tenga, más allá de los que provocó el servicio técnico que la inspeccionó la primera vez. Argumenta además que faltan diligencias, como las que había solicitado y que no llegaron a acordarse y que pasaban por citar a los peritos que analizaron el dispositivo, de acuerdo a las mismas fuentes.

Para el juez, habida cuenta de que cuando Iglesias recibió la tarjeta de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio , esta funcionaba, y cuando se la devolvió a Bousselham, ya no; se le puede al menos atribuir la responsabilidad en el daño.

En cuanto a los presuntos delitos de denuncia falsa y/o simulación por los que el instructor señala a Iglesias, a la anterior responsable del Equipo Legal de Podemos Gloria Elizo y a dos de sus abogados, los fiscales de Anticorrupción entienden que tampoco se ha terminado de aclarar este asunto, fundamentado en gran parte en la declaración como testigo del exabogado del partido José Manuel Calvente basándose en referencias de terceros a los que no quiso nombrar.

Los fiscales entienden que, en todo caso, esto sería competencia de los juzgados de Alcorcón, dado que habría sido allí donde se habría producido la simulación de delito y/o el intento de vincular «falsariamente», según el juez, el robo del móvil de Bousselham con su difusión en el digital OkDiario.

Precisamente, sobre este medio de comunicación, Anticorrupción recuerda al Supremo el giro que ha dado su situación en la causa, pues el juez rechazó en julio que entrasen en la causa como víctimas o perjudicados y sin embargo, en la exposición razonada habla de una «estrategia» orquestada por Iglesias con el fin de perjudicar a OkDiario, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.

Además de elevar la exposición razonada al Supremo pidiendo la imputación de Iglesias, el juez ha dictado auto de procesamiento contra el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y los dos periodistas de Interviú que le dieron copia del material de Dina Bousselham, poniendo fin a la investigación.

Para Anticorrupción, quedan demasiados flecos como para dar por cerrada la instrucción, sobre todo habida cuenta de que cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional restituyó a Iglesias su condición de perjudicado en el procedimiento apostó como más plausible la tesis de que hubiera sido Villarejo quien difundiera el contenido de la tarjeta de Bousselham. Y sin embargo, este extremo no se ha aclarado, como tampoco en qué posición ha quedado Iglesias, reconocido como víctima de un delito que no se atribuye ni a Villarejo ni a los dos periodistas investigados.