El juez envía a Iglesias al Supremo por un «uso torticero» de la Justicia

Con este punto de partida, el juez razona a lo largo de 63 páginas que hubo una «consciente y planificada actuación falsaria» para obtener «rédito electoral» en dos fases. Primero, en la justicia ordinaria. Sostiene que Iglesias ordenó a la jefa del equipo legal de Podemos, la actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que ampliase la denuncia por el robo del móvil cuando se publicaron los pantallazos a sabiendas de que el origen era «una filtración interna». Ella, teniendo la misma información, puso a trabajar a los abogados Raúl Carballedo y Marta Flor, que recurrieron hasta que la Audiencia Provincial cerró la puerta. Pide al Supremo que impute a los tres.

Después, se trasladó la estrategia a la Audiencia Nacional, cuando en 2018 aparecieron los mismos pantallazos en la documentación intervenida a Villarejo. Iglesias vio «una oportunidad para lograr rédito electoral, aparentando ser víctima» de las cloacas y ordenó a Elizo, a través de Marta Flor, «repetir, de nuevo y a sabiendas de su falsedad, la denuncia» del robo. Solo que esta vez, planteado «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo para publicar información en el contexto de una campaña para perjudicarle». «Los hechos denunciados en esta pieza 10 son una versión exagerada de una tesis que ya se trató de sustentar (...) La única diferencia con relación a la denuncia anterior es la personación de Pablo Iglesias, quien se presenta al proceso como víctima de las llamadas cloacas del Estado pese a saber que los mensajes publicados procedían de filtraciones del propio partido», expone. Desarrolla además la petición de imputación por los delitos que ya apuntó Anticorrupción cuando propuso expulsar a Iglesias del procedimiento.

En cuanto a los daños informáticos, habida cuenta de que faltan diligencias, concluye que se le pueden atribuir, por lógica —cuando se la dieron funcionaba, cuando la devolvió ya no— y porque «no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta».

Sobre la revelación de secretos, para la que pide agravante de género, recuerda que Iglesias reconoció haber constatado el contenido «eminentemente íntimo» de la tarjeta , y aún así se la quedó: ve «acceso no consentido» a los datos y «apoderamiento del dispositivo». Apunta que Bousselham todavía le puede exculpar, porque es un delito se persigue de parte, pero prefiere que lo analice el Supremo.

En todo caso, pide investigar también a la exasesora y a su marido por un delito de falso testimonio pues ambos, compareciendo como testigos, «faltaron a la verdad» . Ella negó haber enviado los chats y él dijo que no habían recuperado nada de lo robado, pero la instrucción les desmintió.

Queda un fleco más. Los únicos imputados eran Villarejo y los periodistas de «Interviú» que, atendiendo a su petición, le entregaron copia del contenido, conforme explica el juez. Desgaja esta parte y les procesa por revelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ahora, si la Sala de Admisiones del Supremo da luz verde, se nombrará un instructor y se solicitará un suplicatorio al Congreso para poder investigar a Iglesias. Un primer paso que deberá ser refrendado por el Pleno. Una negativa no parece una opción, pues la jurisprudencia del Constitucional ya dice que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa , no un «espacio de impunidad»: las Cortes sólo pueden negar la investigación de un diputado si esa causa penal se está usando «con la intención de perturbar su funcionamiento o composición».