La Fiscalía prevé actuar contra el Govern y la Mesa del Parlament por rebelión

La duda, horas antes de que se presente, es si el delito del que se les acuse será el de rebelión (castigado con 30 años de prisión, 25 si el alzamiento es sin armas) o se rebajará al de sedición (hasta 15 años), el mismo delito por el que la Audiencia Nacional envió a la cárcel a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart , y acordó medidas cautelares para Josep Lluís Trapero.

No obstante, la Fiscalía prevé, tal y como había anunciado el viernes, mantener el delito de rebelión. La secretaría técnica de la Fiscalía General lleva preparando desde hace varias semanas el contenido del escrito ante la hipótesis de que finalmente Puigdemont o el parlamento autonómico declarasen la independencia unilateralemente.

La Fiscalía anoche mantenía esta posición, si bien persiste el debate jurídico sobre la posibilidad de rebajar el delito inicial y presentar la querella por sedición. Hay al menos dos razones por las que se plantea esta posibilidad. La primera, que acusar de rebelión supone echar más leña al fuego, en un momento en el que el control de las instituciones de Cataluña es ya del Gobierno y de los respectivos ministerios. En segundo lugar, y esta es otra razón de peso, es que no está tan claro si la rebeldía sería de aplicación en este caso al no mediar violencia.

El artículo 472 del Código Penal castiga en su punto 5 a quienes se «alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional».

El comportamiento que tenga hoy Puigdemont pesará también en la decisión final, según las fuentes consultadas. No es lo mismo que decida atrincherarse en la Generalitat o promueva algún tipo de resistencia ante la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución Española.

Además, persiste la duda de ante qué tribunal se presentará finalmente la querella. Según las fuentes consultadas por ABC, la elección del tribunal depende de los aforamientos de los afectados y de los distintos escenarios que se han abierto con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont y su equipo han perdido el aforamiento al ser destituidos por Mariano Rajoy, igual que todos los parlamentarios catalanes por la disolución de la cámara regional. Aun así, la garantía la mantienen los diputados autonómicos que forman parte de la Diputación Permanente: Carme Forcadell , Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó. Ellos marcarían qué tribunal es el competente para la investigación, a pesar de que en condiciones normales la rebelión le correspondería a la Audiencia Nacional.

De ahí que la querella tenga que presentase en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (si se considera que el delito se ha cometido en esa comunidad), donde además ya son objeto de otros procedimientos por desobediencia, prevaricación y malversación; o en el Tribunal Supremo si se considera que el delito afecta a todo el territorio español o en el extranjero.