La Fiscalía se querellará el lunes contra la Mesa del Parlament por tramitar la aprobación de la DUI

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El delito de rebelión, que persigue a los que "se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años.

La Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, una vez que la medida ha sido aprobada por el Parlament, estudia ampliar esa acción penal a "todos" los que han permitido la comisión del presunto delito.

De ese modo, se da por hecho que la querella incluirá a los miembros de la Mesa que han permitido la tramitación en el Parlament de la moción por la que se ha declarado la independencia.

Puigdemont y su equipo perdieron ayer el aforamiento al ser destituidos por Rajoy, igual que todos los parlamentarios catalanes por la disolución de la cámara regional. Aun así, la garantía la mantienen los diputados autonómicos que forman parte de la Diputación Permanente: Carme Forcadell, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó. Ellos marcarían qué tribunal es el competente para la investigación, a pesar de que en condiciones normales la rebelión le correspondería a la Audiencia Nacional.

De ahí que la querella tenga que presentase en el TSJC (si se considera que el delito se ha cometido en esa comunidad) o en el Tribunal Supremo (si se considera que trasciende de aquélla).

Los letrados del Parlament han advertido a la Mesa de que no puede admitir a trámite la resolución de JxS y la CUP porque vulneran las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

En un informe, a que ha tenido acceso Efe, el secretario general y el letrado del Parlament, Xavier Muro y Antoni Bayona, avisan de que tampoco puede ser tramitada por la Mesa "ningún texto transaccional que se pueda presentar, antes o durante el pleno", sobre las propuestas de resolución de JxS y la CUP, y recuerdan las "responsabilidades penales" en que podrían incurrir, de hacerlo.

Los letrados afirman que el ya los días 6 de septiembre -antes de la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad- y 4 de octubre -cuando se reunió la Mesa para fijar el pleno del día 10 de octubre en que se dejó en suspenso la declaración de independencia- dirigieron sendos escritos en los que recordaban el deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica y material" que desarrollara las resoluciones anuladas por el Constitucional.

Además, insisten en que en esos escritos ya advirtieron de que "el incumplimiento de ese deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa , en los términos que se mencionan en las resoluciones del Tribunal Constitucional, que incluye la penal".

En opinión de los letrados, la tramitación por parte de la Mesa y la eventual aprobación de una declaración de independencia de Cataluña, "de un acto o resolución materialmente equivalente o de cualquier otra propuesta" que desarrolle las leyes de referéndum y transitoriedad, "se debe considerar afectada por el deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional".

Las propuestas de resolución presentadas por JxS y la CUP, añaden los servicios jurídicos del Parlament, "de acuerdo con su contenido y objetivamente consideradas, tienen una relación y conexión directa" con las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y "con las otras resoluciones que están afectadas por las sentencias, autos y acuerdos" del Constitucional.

Como informó ABC, la Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel - contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que probablemente se presente ante el Tribunal Supremo dado que, aunque pierda su condición de aforado como presidente (tras su inminente cese por parte del Gobierno) la conserva como diputado. Sería competente el Supremo al entender que los hechos trascienden más allá de Cataluña , porque si fuera sólo en esa comunidad autónoma el competente para investigarlo y juzgarlo habría sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Con independencia de que esta querella se presente finalmente (está supeditada a la aprobación de la declaración de independencia), Puigdemont ya tiene otra causa abierta, junto a los miembros del gobierno, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por prevaricación, malversación y desobediencia. La juez Mercedes Armas, la misma que ordenó desactivar el 1-O, todavía no le ha llamado a declarar.

Por su parte, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa están imputados en otro procedimiento que instruye la juez del TSJC María Eugenia Alegret. En esta causa ya han declarado como testigos los letrados del Parlament, que sostuvieron ante la juez que en la tramitación de las leyes de referéndum y transitoriedad advirtieron de forma «permanente» a la presidenta y a la Mesa de que contravenían al Tribunal Constitucional y al Consejo de Garantías Estatutarias.