La Fiscalía pide al TS que investigue a Borràs ante los «claros y contundentes» indicios de contratos a dedo

El Ministerio Público considera que la Sala Penal, que preside Manuel Marchena, es la competente para instruir esta causa que una juez de Barcelona remitió al Supremo ante la condición de aforada de Borràs, miembro de la Diputación Permanente del Congreso y desde este martes de nuevo diputada en esta legislatura.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, envió hace diez días al Alto Tribunal una exposición razonada para que asumiera la investigación Laura Borràs de «abusar» de sus funciones y adjudicar contratos a dedo cuando estuvo al frente de ILC a Isaías Herrero, también investigado en dicho procedimiento y con quien la diputada mantiene una estrecha relación. Para la Fiscalía, hay «claros y contundentes indicios de simulación documental (continuada por parte de ambos) a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autencididad». La finalidad última y única de esos documentos, dice, «era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a Herrero y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual». Junto con el delito de falsedad, el fiscal es partidario de que Borràs sea investigada también por prevaricación, malversación y fraude.

El fiscal Javier Zaragoza denuncia en su informe que entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó a Herrero un total de 18 contratos menores fraccionando «de manera ilegal» en 18.000 euros la contratación de servicios que «en realidad obedecían a una misma unidad operativa o funcional» . Borràs era «perfectamente conocedora desde el inicio de su mandato de la prohibición legal de fraccionar en varios contratos un mismo objeto contractual». El importe de los contratos adjudicados a Herrero fue de 259.863 euros, según la exposición de la que se hace eco el fiscal.

El Ministerio Público señala que la diputada «no sólo tenía conocimiento de que todos los presupuestos aportados a cada uno de los expedientes de contratación objeto de investigación eran confeccionados realmente por Isaías Herrero, aunque aparentaran ser presentados por otras personas físicas o por determinadas empresas, sino que participó en su confección, estableciendo de común acuerdo con aquel conceptos e importes adecuados para justificar la adjudicación directa o indirectamente a aquel a través de aquellas personas o entidades».