Laura Borràs, al amigo al que favoreció: «Miramos los presupuestos y hacemos los retoques necesarios»

Ese mensaje forma parte de un conjunto de correos electrónicos que, según la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, demuestran que Borràs adjudicó de forma fraudulenta y «arbitraria» a uno de sus amigos y colaboradores 18 contratos entre los años 2013 y 2017, por un importe de 259.863 euros , con un «claro perjuicio» al erario público. Y lo hizo con el «modus operandi» habitual en estos casos: troceando un gran contrato en otros más pequeños para dejarlos por debajo de los 18.000 euros con el fin de evitar el concurso público y adjudicarlos a dedo. Pero esta división de las facturas era ilegal, según la juez, porque todo formaba parte de una «misma unidad operativa»: crear y desarrollar durante cuatro años una página web de la institución.

Borràs, que, bendecida por Puigdemont suena con fuerza como candidata de la derecha secesionista para presidir la Generalitat, favoreció así supuestamente a Isaías Herrero , un informático al que en la ILC adjudicó estos contratos para la programación de esta página web de la institución, adscrita al departamento de Cultura de la Generalitat. El encargo se disfrazó como otros más pequeños con diferentes conceptos «totalmente inventados», según los investigadores. En otros casos, Borràs y Herrero supuestamente convinieron en «simular la participación de terceras personas», cuando era el mismo informático, en nombre de diferentes sociedades, quien presentaba estas ofertas.

La ahora diputada secesionista era entonces la directora de la entidad y, como tal, la responsable de las decisiones sobre las contrataciones. «Borràs propuso la contratación, acordó la adjudicación, aprobó el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente su pago», concluye la magistrada, en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo , solicitando al Alto Tribunal que investigue a Borrás, diputada en el Congreso y antigua consejera de Cultura. Al estar aforada, la juez de Barcelona no puede citarla como investigada, pues la competencia para imputarla es del TribunalSupremo. Y por eso ha enviado al Alto Tribunal un detallado escrito de 60 folios, al que ha tenido acceso ABC, en el que ahonda en los indicios acumulados contra la política secesionista, que podrían condicionar su futuro político.

La juez le atribuye delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental; una acusación bien atada que deja poco margen al Tribunal Supremo para otra cosa que no sea citar a la diputada a declarar. «Borràs, en el año 2014, confeccionó presupuestos falsos que ocultaban el fraccionamiento ilegal de contratos , beneficiando a su amigo Isaías Herrero, coincidiendo los datos de esos correos con los licitadores, adjudicatarios, conceptos e importes de los presupuestos y facturas de los cuatro expedientes administrativos», concluye un auto demoledor.

La magistrada la acusa de «abusar» de sus funciones como directora de la ILC, «contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad» que debía respetar como órgano de contratación.

En algunos de los correos con Isaías Herrero –a quien le unía una «relación personal y profesional»–, Borràs alude a la necesidad de fraccionar los presupuestos «para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA». También es muy reveladora una conversación telefónica que figura en la causa, del 6 de noviembre de 2017. En ella, Herrero explicaba a uno de sus socios: «Yo, con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí (...) Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora», lamentaba el colaborador de la ahora diputada. Y presumía a continuación: «Esta tiene números de ser Gobierno (...) imagínatela de ministra de Cultura, y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre».