La Fiscalía se opone a la puesta en libertad de Sánchez y Cuixart

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha elevado hoy su informe a la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal , a la que ha correspondido resolver ambos recursos, al haber sido planteados en apelación y no ante la propia juez que decretó la prisión, han informado fuentes jurídicas.

En sus recursos, la defensa de Cuixart alega que medió para que los manifestantes permitieran salir a la Guardia Civil de la consejería de Economía, ante cuya sede se apostaron miles de manifestantes, y que la protesta fue convocada por múltiples entidades, no solo por la suya.

Argumenta además que él mismo se encargó de mediar para que los agentes pudieran abandonar el edificio -lo que hicieron a partir de las 4 de la madrugada, tras más de 20 horas en la sede de Economía- y que en ningún momento la protesta iba encaminada a impedir los registros policiales.

Por su parte, el líder de ANC expone a la Sala en su recurso sus "constantes esfuerzos" para garantizar que la concentración ante el Departamento de Economía fuera pacífica, aunque admite que solo podía controlar a los manifestantes que la entidad había convocado.

Sánchez reconoce también que tanto él como Cuixart se erigieron en interlocutores de la concentración y que ello "respondió a la voluntad de cumplir con su deber de velar por el adecuado desarrollo de la concentración que convocaron".

Ambos niegan además que exista riesgo de fuga porque ambos tienen arraigo en Cataluña , donde vive su familia y cuentan con un empleo, circunstancias que a su juicio Lamela sí tuvo en consideración para dejar en libertad provisional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

La juez envió a los dos líderes independentistas a prisión el 16 de octubre a petición del fiscal, que también pidió ese mismo día la prisión para Trapero y una fianza de 40.000 euros a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, todos ellos investigados por sedición

Para los dos mandos de la policía catalana, Lamela optó por medias cautelares más leves -comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable- al no tener perfilada su actuación el día del asedio a la Guardia Civil y, en el caso de Trapero, a la espera de que la Fiscalía ampliara su denuncia al 1-O.

A Sánchez y a Cuixart, según el auto de prisión, la juez les asigna un papel más activo, el de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destacaba también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas ese día para promover el asedio frente a la Consejería, también "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución"