El fiscal Anticorrupción garantiza que no es afín a ningún partido político

Ha indicado que nadie le aseguró que si se presentaba a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción saldría elegido, ha recalcado que no habló con anterioridad sobre este asunto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá , y ha recordado que según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «ningún Gobierno puede dar una orden al fiscal general».

Moix ha subrayado que todas las veces que coincidió con Ignacio González fueron en actos institucionales ya que durante doce años fue fiscal jefe de Madrid y el político era primero vicepresidente y luego presidente de la Comunidad madrileña.

«Asistí a miles de actos y hablaba también con Esperanza Aguirre , con el consejero de Justicia y con Cristina Cifuentes -actual presidenta de la Comunidad madrileña-, que era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y luego delegada del Gobierno, pero era normal en mi función como fiscal jefe», ha insistido.

Preguntado por el hecho de que todos los grupos parlamentarios salvo el PP pida su destitución ha comentado: «Los partidos actúan con criterios de oportunidad política respetables pero los fiscales lo hacemos con criterios jurídicos».

Moix se ha puesto a disposición de todos los grupos políticos, se ha ofrecido a reunirse con todos ellos para explicarles el funcionamiento de su Fiscalía y se ha mostrado convencido de que «en un 95 por ciento» compartirían el plan de actuación de la misma para luchar contra la corrupción, «que es el fin común».

De todas formas no se siente objeto de una «cacería política» y achaca esta situación a un marco de «inestabilidad al no existir mayoría parlamentaria» y tampoco cree que esté siendo injustamente tratado por los medios de comunicación, «que hacen su trabajo lo mejor que pueden aunque en ocasiones deberían revisar la fiabilidad de las fuentes de información».

Moix ha aclarado que el amparo que estudia hoy el Consejo Fiscal de los fiscales que llevan el caso de las comisiones del 3 % de CDC no es contra él sino por unas denuncias presentadas contra ellos, en concreto por el empresario Rafael Pallardó , que asegura que le coaccionaron para que declarara contra el expresidente de Cataluña Jordi Pujol.

Ha explicado que decidió que los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo pasen el caso del 3 % a los fiscales Anticorrupción de Cataluña por un criterio de distribución territorial del trabajo pero que acatará la decisión que adopte el fiscal general, José Manuel Maza , una vez que oiga hoy al Consejo Fiscal.