La Fiscalía rechaza la declaración de Camacho porque «no aporta nada»

Bautista sostiene que la decisión del juez Ruz de no llamar a declarar a Camacho "no es arbitraria ni irrazonable", al tiempo que pide que se desestime el recurso que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) presentó contra esta decisión por entender que las llamadas que Camacho intercambió con el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo , y el jefe superior de Policía del País Vasco "obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos directivos ministeriales". El fiscal defiende que en los más de 19 tomos que obran en la causa no existe "ningún asidero" que acredite "ni la trascendencia de las llamadas ni la necesidad de conocer su contenido , máxime cuando en esas fechas -3 y 4 de mayo de 2006- se estaba desarrollando una operación antiterrorista de la que necesariamente el secretario de Estado de Seguridad debía estar al corriente". A su juicio, las conversaciones de Camacho eran tan intrascedendes que "nunca el equipo investigador sintió la necesidad de reseñarlas en los sucesivos informes" que fueron presentando al juez.

Ruz acordó el pasado 1 de febrero la identificación de tres teléfonos que estaban asignados a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, uno de los cuales era utilizado por Antonio Camacho, después de constatar que desde la noche anterior a la delación hasta septiembre de 2006 intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, ambos imputados junto a un inspector de Alava. Sin embargo, tres días más tarde, el juez rechazó la posibilidad de llamarle a declarar por "la irrelevancia del tráfico de llamadas", que se podía achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantenía con sus interlocutores.

El fiscal también considera "pertinente y necesario" que el jefe de la investigación, Carlos G. , vuelva a declarar ante el juez, tal y como pidió la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), aunque añade que "la prudencia aconseja su ejecución en un momento posterior, debiendo esperarse a la práctica de todas las diligencias pendientes, especialmente las de la pieza secreta".

El juez impide que todas las partes menos la Fiscalía accedan a nueve folios de la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert y un informe ampliatoria de Carlos G. en el que, según fuentes de la investigación, aparecen fotogramas que muestran al inspector imputado en la causa en las inmediaciones del "bar Faisán".

Tras poner de manifiesto que el equipo investigador está aportando a la causa "informes que por su contenido resuelven muchas de las cuestiones que podrían plantear las partes", el fiscal rechaza la pretensión de la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco de dejar sin efecto el informe ampliatorio que le encargó el juez Ruz. Esta parte pidió la anulación de esta diligencia al considerar que Carlos G. está "bajo sospecha" después de que su superior, José C, le acusara de querer borrar la conversación clave que demostraría el chivatazo. Según el representante del Ministerio Público, el trámite del juicio oral es el único en el que las partes podrían cuestionar al jefe del equipo de investigación y sus miembros sobre un supuesto "interés directo o indirecto" en la causa.

La Fiscalía también rechaza la petición de DyJ de llevar a cabo un careo entre el jefe de la investigación, Carlos G., y su superior jerárquico, José C., que le acusó de querer borrar la conversación en la que el dueño del establecimiento, Joseba Elosúa, le reconocía a su yerno, Carmelo Luquin, que había recibido un soplo de la policía, al entender que "la experiencia practica acredita que los careos tienen escasa o nula utilidad". De igual modo, el fiscal argumenta que hay "diligencias pendientes de practicar que pueden solventar las aparentes contradicciones" que existen en las declaraciones de los dos mandos policiales.

Así, apunta que José C. no ha puesto en duda en su declaración "los fundamentos básicos de la investigación llevada a cabo" por Carlos G. José C. , que ocupaba cuando se produjo el chivatazo el puesto de comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, ratificó ante Ruz un informe en el que defendía que el día anterior al chivatazo Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión etarra "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".

DyJ también sostenía que, según José C., el jefe de la investigación "mostró sus reticencias" a llevar a cabo la operación a partir de una llamada del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón , al "despacho del juez que se hizo cargo de la instrucción", Fernando Grande-Marlaska . Según su versión, Garzón "vino a mostrar sus reticencias y su negativa para llevar a cabo las detenciones".

Estas declaraciones fueron contradichas por Carlos G., que desmintió el 17 de febrero de 2010 "las afirmaciones contenidas en el informe de su superior jerárquico y manifestó que la operación partió de él" y que "nunca podía estar en desacuerdo" con las detenciones porque él las propuso y se "peleó con el responsable del operativo en Francia por su negativa a detener a Joseba Elosúa y José Antonio Cau Aldanur" .