Estrasburgo ampara las «devoluciones en caliente» y abre la vía a que el Gobierno no las derogue

La jurisprudencia que sienta esta decisión puede tener importantes repercusiones para la legislación española y europea en materia migratoria en uno momento en el que el tema es especialmente sensible. El caso se había iniciado en 2104 cuando dos africanos fueron interceptados intentando saltar la valla de Melilla y devueltos a Marruecos sin ni siquiera ser identificados. En 2017 el Tribunal dijo que se habían violado sus derechos y por ello condenaba al Gobierno español a indemnizarlos con la suma de 5.000 euros a cada uno. En lugar de limitarse a cumplir la sentencia y de ignorar sus efectos en casos subsiguientes, el Ejecutivo, entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió recurrirla ante la Gran Sala, pese al riesgo de que el recurso tuviera consecuencias más complejas para la política de gestión de la frontera en casos similares. La sentencia conocida ahora le da la razón y justifica las llamadas expulsiones en caliente, es decir, en el mismo momento que se constata que intentan penetrar en territorio español.

En su sentencia, adoptada por unanimidad , los jueces consideran ahora que los demandantes se situaron a si mismos en una situación de ilegalidad cuando intentaban deliberadamente, el 13 de agosto de 2014, ingresar a España cruzando la protección de la frontera de Melilla, en lugares no autorizados y como parte de un gran grupo, aprovechando el efecto de masa y usando la fuerza». Es decir, los jueces consideran que los demandantes en realidad «decidieron no utilizar los canales legales existentes que permiten el acceso regular al territorio español» por lo que «suponiendo que quisieran hacer valer sus derechos en virtud de la Convención» deberían haber utilizado primero los cauces que marca la ley para entrar en España. Por ello, el hecho de que no se hayan beneficiado de esos derechos «es consecuencia de su propio comportamiento».

Este pronunciamiento ha sido largamente esperada por el Ministerio del Interior para determinar si cumple o no su promesa de derogar la figura legal que ampara los oficialmente llamados «rechazos en frontera» , por lo que se espera que ahora no se abra la vía de la supresión, aunque habrá que esperar a la influencia de Podemos en la decisión de Pedro Sánchez. En principio, las resoluciones del alto tribunal europeo son de obligado cumplimiento, si bien existen fórmulas ampliamente utilizadas por otros países para retrasar o cuestionar la interpretación de este pronunciamiento judicial.

Las devoluciones sumarias encontraron soporte normativo en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 mediante la figura jurídica de nueva creación llamada «rechazo en frontera». Se refiere al acto de entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en el salto del vallado fronterizo que separa Ceuta y Melilla del país africano vecino, algo que el Ejecutivo de Sánchez ha practicado en numerosas ocasiones desde el comienzo de su primer mandato en junio de 2018.

La supresión de esta figura -que ahora queda más en entredicho que nunca- pasaría por una reforma de esa Ley de Seguridad Ciudadana objeto, por un lado, de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso, entre otros el PSOE, y que está pendiente de resolverse, a lo que podría contribuir la publicación de la posición del TEDH. Al margen, la normativa ha intentado ser reformada en el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de Interior, proceso que fue interrumpido por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019 cuando ya se había avanzado bastante en dirección a un acuerdo para retocar las partes más controvertidas.