Estrasburgo avala que no se indemnice a etarras víctimas de los GAL

Las defensas en los casos Larrañaga Arando y otros contra España y Martínez Agirre y otros contra España alegaban que se había vulnerado el artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que estipula el respeto a la presunción de inocencia. Sin embargo, para la Sala del TEDH, «los procesos de indemnización no necesitan que las autoridades o jurisdicciones tomen en cuenta el contenido o el resultado de los procesos penales anteriores», informa Efe.

El Estado español esgrimió -y recibió el respaldo de la Audiencia Nacional en 2015- un artículo de la Convención Europea sobre la Compensación de Víctimas de Crímenes Violentos que permite reducir o rechazar una indemnización en función de la implicación de la víctima en una organización violenta .

Para el TEDH, la aplicación de esa cláusula para denegar una indemnización «no supone que la supuesta pertenencia a una organización criminal o violenta haya sido establecida por un proceso penal, y las autoridades pueden fundarse en otras fuentes para obtener la información, algo que hicieron».

De hecho, Estrasburgo recuerda que las autoridades españolas citaron informes policiales que vinculaban a las víctimas con ETA, así como otras fuentes como declaraciones realizadas por otros etarras, libros o artículos de prensa. Los demandantes eran parientes de personas asesinadas entre 1979 y 1985 cuando residían en Francia por los grupos Batallón Vasco Español (BVE), Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Acción Nacional Española (ANE) y Grupos Armados Españoles (GAE).

Como víctimas del terrorismo ya recibieron indemnizaciones a gracias a la ley aprobada en 1999 , pero se les denegaron nuevas compensaciones, que solicitaron en 2012, tras la aprobación el año anterior de la nueva ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. El colectivo de víctimas del GAL Egiari Zor ya anunció en 2015, tras la confirmación por la Audiencia Nacional de la decisión del Estado, que recurrirían a Estrasburgo, no por cuestiones económicas sino por «la denominada batalla por el relato».

El Gobierno Vasco se ha apresurado a lamentar el fallo porque «castiga injustamente a los familiares». En un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria ha señalado que el tribunal no se ha pronunciado sobre el derecho de estas víctimas a ser reparadas, lo que a su juicio, es «la cuestión de fondo» sobre la que «sigue quedando pendiente una respuesta definitiva».