España pide en la OSCE el rechazo internacional a la declaración de Puigdemont

La representante permanente española insistió en la inconstitucionalidad de la ley por la que se celebró el referéndum independentista del 1 de octubre, del que dijo que fue «nulo de pleno derecho y sin garantías». Por ello, consideró que la Declaración Unilateral de Independencia basada en esa consulta «es una burla obscena de la democracia y merece un contundente rechazo por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales que, como la OSCE, se basan en los valores y principios de la democracia y el estado de derecho».

Reiteró la embajadora que los independentistas han violado la legalidad y afirmó que las instituciones democráticas tienen el deber y la responsabilidad de dar una respuesta serena y firme al ataque a las leyes y las disposiciones judiciales, porque suponen una grave vulneración de los derechos y deberes fundamentales.

Citó después dos hechos relevantes ocurridos en la última semana. Por un lado, la manifestación del 8 de octubre, sobre la que dijo que dio voz a «miles y miles de catalanes que han salido a la calle para defender la legalidad y el marco de convivencia que representa la Constitución de 1978». Y agregó ue se hablado de una mayoría «silenciosa», pero también de una mayoría «silenciada» en los últimos años por los planes separatistas. «Desde las instituciones catalanas -subrayó- se han burlado las leyes, y se ha impuesto una uniformidad que no existe; se ha dejado de lado todo lo que supone inclusión y pluralidad , rasgos que por definición caracterizan a los regímenes democráticos».

Por otra parte, aludió al traslado de la sede de numerosas empresas desde Cataluña al territorio de otras Comunidades en España. «Ello no es sino otra consecuencia de la ruptura de la legalidad y de la inseguridad jurídica que deriva de la imposición, de la naturaleza arbitraria de la coalición independentista, así como de su apetito por levantar muros entorno a la Cataluña», indicó.

Finalmente, tras reivindicar que «la democracia española tiene acreditada una trayectoria que la sitúa entre los países donde se disfruta de una mayor libertad y donde existen mayores garantías de protección de los derechos fundamentales», informó de la reacción del Gobierno español ante la declaración de independencia y dijo que «el Estado de derecho en España está haciendo gala de una mesura innegable para dar tiempo al Gobierno de Cataluña a que retorne a la legalidad» .