Se disparan las peticiones de asilo de inmigrantes como salvoconducto para llegar a la Península

Otra sentencia judicial, en este caso dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, advierte que las órdenes de expulsión para devolver a estas personas a sus países de origen una vez que han entrado irregularmente en España deben ser ejecutadas en 72 horas o, si se produce el internamiento del afectado en un CIE, a los 60 días como máximo. De lo contrario perderán su vigencia. Ambas decisiones, tomadas en el ámbito judicial, allanan el camino de los inmigrantes varados en las islas hasta la Península. Pero a su vez facilitan el trabajo de las mafias, que tienen dos poderosos argumentos legales de su lado para convencer a los 'sin papeles' de que intenten llegar a territorios insulares -como pueden ser Canarias o Baleares, al margen de Ceuta y Melilla - como puerta de entrada al territorio peninsular español y al resto de Europa.

Fuentes policiales alertan de que estas decisiones judiciales son un clamoroso efecto llamada para los inmigrantes irregulares y un abono perfecto para lo que denominan 'fraude del asilo'. «Lo piden, aconsejados por abogados, aun a sabiendas de que se les va a denegar porque es evidente que la mayoría no cumple los requisitos. Por supuesto, no se presentan a la entrevista, porque para eso tendrían que estar localizados, pero ahora con la mera petición pueden viajar a cualquier punto de la Península. Es lo que quieren, porque Canarias es solo un paso en su trayecto ; es más, la mayoría de las veces su destino final es Francia u otros países europeos, pero los franceses han dicho basta y han cerrado fronteras a los inmigrantes irregulares que llegan desde España».

De hecho, las fuentes policiales consultadas por ABC advierten de que las peticiones de asilo como salvoconducto para llegar a la Península se han disparado ya, y se espera que la tendencia aumente en las próximas semanas. De momento, como se ha señalado, la Policía se agarra a las medidas sanitarias vigentes con el estado de alarma para impedir los viajes indiscriminados desde Canarias a la Península. Pero el inminente final del estado de alarma que permite esas restricciones complicará más la situación.

«En cuanto decaigan las medidas de limitación de movimientos las mafias lo van a aprovechar», explican las fuentes consultadas por este periódico. «Este año, por suerte, no habrá fotografías como las del muelle de Arguineguín, pero el número de inmigrantes irregulares que llegue a Canarias va a ser, como poco, como el del año pasado», vaticinan.

En los dos primeros meses del año, el Gobierno ha admitido que se tramitaron 988 solicitudes de asilo únicamente en Canarias. El año pasado, hasta el 31 de diciembre y en el mismo territorio, se registraron 3.983, como figura en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a varios diputados del PP. Si continuara la tendencia marcada en los dos primeros meses del año, ya de por sí disparada al alza, se registrarían alrededor de 6.000 solicitudes de protección internacional solamente en el Archipiélago en este ejercicio, cifra que se traduciría en un incremento del 34 por ciento con respecto a 2020.

Los procedimientos de protección internacional deben registrarse en los puestos fronterizos, las oficinas de Asilo o las comisarías provinciales de la Policía Nacional. El hecho de que una simple solicitud de asilo sea suficiente para viajar sin ningún control posibilita que cualquier inmigrante irregular, aunque sea consciente de que no reúne los requisitos necesarios para recibir la protección internacional -como ser perseguido o proceder de un país en guerra- pruebe suerte con esta vía para intentar salir de Canarias y continuar su viaje.

Marcelo Belgrano, coordinador de los servicios de Extranjería y Asilo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) defiende la legalidad del auto del juez canario. Subraya, al ser consultado por ABC, que no se puede retener a ninguna persona, tenga los papeles en regla o no, salvo que esté detenida o internada en un centro de extranjeros. Por lo tanto, interpreta que, hasta el momento, no hay ninguna base legal para impedir que los irregulares puedan abandonar las islas.

Daniel Arencibia es uno de los dos abogados que defendió al hombre al que finalmente dio la razón la Justicia y permitió salir de Canarias. El letrado reconoce que, a raíz de este pronunciamiento judicial -que, según apunta, está recurrido-, se han puesto en contacto con él otros inmigrantes en una situación similar. Como expone en conversación con ABC, una buena parte de estas personas quieren denunciar, pero a todos les da el mismo consejo: « Les decimos que no compren billetes , que no pongan demandas y que esperen a que decaiga el estado de alarma porque entonces se podrán mover libremente sin los condicionantes de la normativa Covid».

El abogado, por su parte, asegura que no percibe ahora el repunte de solicitudes de asilo, si bien es cierto que los 'sin papeles' deben referirse en este caso a la Policía. Eso sí, reconoce que sí lo advirtió cuando los irregulares tuvieron que abandonar los hoteles donde eran atendidos. No obstante, tampoco descarta que una vez que el estado de alarma pierda su vigencia se puedan dar imágenes de inmigrantes agolpados en las terminales portuarias o aeroportuarias. «Puede ser que haya dos días o tres en los que se concentren las salidas, pero la mayoría de los inmigrantes que llegaron el año pasado ya se han ido de Canarias y los que aquí quedan tienen dos problemas: no tienen pasaporte o no pueden beneficiarse del asilo».