El Supremo exige a Moncloa los informes ocultos del estado de alarma

«No son -los informes enviados-, obviamente, todos los emitidos por la Abogacía del Estado durante el estado de alarma y que tengan por objeto cualesquiera materias referidas al mismo», señalaron estos letrados al Tribunal Supremo (TS), según un auto al que ha tenido acceso ABC. «Son -salvo inadvertencia- todos los informes emitidos por la Abogacía General del Estado en su condición de Centro Superior Directivo del Servicio Jurídico del Estado», añaden.

Según fuentes jurídicas, esta distinción implica que La Moncloa solo remitió al partido de Abascal los informes firmados por la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey , pero no otros que rubricaran ella o miembros del servicio jurídico sin que fueran emitidos por la Abogacía como centro superior directivo.

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona , fue la que inició esta batalla precisamente con la sospecha de que no todos los informes de la Abogacía sobre el estado de alarma fueron favorables a las actuaciones del Gobierno. Una suposición que se ve reforzada con las persistentes maniobras del Ejecutivo para mantener ocultos cinco de esos documentos.

«Dado que la propia Abogacía del Estado afirma que los nueve informes remitidos al Congreso de los Diputados no son todos los emitidos en lo concerniente al estado de alarma, es evidente que no cabe apreciar reconocimiento de la pretensión en vía administrativa ni, por tanto, procede declarar terminado el proceso», concluye el auto del TS.

La causa, por tanto, se mantiene abierta en lo que supone un nuevo revés judicial para La Moncloa. El Gobierno, a través de la Abogacía, había solicitado al Supremo que cerrara el proceso alegando que había satisfecho la demanda de Vox al remitirle nueve de los informes.

Sin embargo, Macarena Olona solicitó un total de catorce informes. Y en el envío del Gobierno faltaban precisamente los cinco más importantes: los dictámenes sobre los decretos de 14 y 17 de marzo de 2020, de la primera prórroga, del plan de desescalada y de la prórroga de seis meses aplicada el pasado octubre.

Olona denunció esta falta y pidió al Supremo que no diera por cerrada la causa al persistir la ocultación de documentación por parte del Gobierno. Los magistrados decidieron entonces preguntar a la Abogacía del Estado si los informes que La Moncloa había remitido a Vox eran todos los existentes, como esta formación había reclamado. Y es ante esta petición cuando la Abogacía del Estado remite un escrito al alto tribunal admitiendo que existen informes que no han sido enviados por parte del Gobierno al partido de Santiago Abascal.

Esta respuesta tiene fecha del pasado 25 de octubre, pero no indica un dato crucial: cuáles de los cinco informes solicitados por Vox fueron emitidos y e l Gobierno mantiene bajo llave y cuáles no llegaron a existir nunca porque el Ejecutivo actuó sin el respaldo de la Abogacía . En este último caso se encuentran los decretos del 14 de marzo (declaración del primer estado de alarma) y 17 de marzo (medidas urgentes y extraordinarias contra el Covid) de 2020.

Según ha sabido ABC, el Ejecutivo no ha tenido más remedio que reconocer recientemente a Transparencia, ante el recurso de un ciudadano, que aprobó ambos decretos sin contar con informes de los servicios jurídicos del Estado, pese a la excepcionalidad y gravedad de las medidas que implicaban. El primero de ellos, el del 14 de marzo, fue declarado inconstitucional por el TC el pasado mes de julio.

Por ello, resulta llamativo que el Gobierno esté eludiendo argumentar al Supremo que al menos dos de los informes solicitados por Vox nunca se llegaron a emitir. Las fuentes jurídicas consultadas tienen dos interpretaciones . O bien el Ejecutivo intenta evitar que Vox use políticamente la ausencia de respaldo de la Abogacía a algunos de los decretos. O bien La Moncloa faltó a la verdad cuando aseguró a Transparencia que no existen informes de los jurídicos del Estado sobre la declaración de alarma. Ésta será otra de las cuestiones que dilucidará el proceso en el Supremo.

Esta causa arrancó en febrero, cuando Olona recurrió ante el Alto Tribunal la negativa del Gobierno a proporcionarle los informes relativos a los estados de alarma y sus prórrogas. La dirigente de Vox había solicitado los documentos en agosto de 2020 amparándose en sus derechos fundamentales como parlamentaria, pero La Moncloa le contestó remitiéndole el enlace a un discurso en el que Sánchez hacía referencia a uno de los documentos. Olona recurrió a través del Congreso , pero La Moncloa optó por desestimar la petición aplicando el silencio administrativo y no emitió respuesta.

Ante esta falta de contestación, la dirigente de Vox acudió al Supremo . No en vano, la Constitución y el reglamento de la propia Cámara Baja establecen que los parlamentarios podrán recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas». Y que las Administraciones están obligadas a proporcionar la información «en un plazo no superior a treinta días» o «trasladar las razones fundadas en Derecho que lo impidan».

El Tribunal Supremo decidió abrir el proceso contra el Gobierno después de que tanto la Fiscalía como los letrados de las Cortes así lo apoyaran, apreciando una posible vulneración de los derechos fundamentales de la parlamentaria. El partido de Abascal busca la que sería su primera victoria judicial contra las prácticas opacas que el Gobierno usa frecuentemente con la oposición.