El Gobierno también oculta los informes de la Abogacía sobre el estado de alarma

La portavoz adjunta de este grupo, Macarena Olona , solicitó los documentos mediante registro en la Cámara Baja tras conocer que los abogados públicos habían redactado varios textos sobre distintos aspectos del marco de alarma, y con la sospecha de que alguno de ellos no fuera favorable a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. Su tesis, según Olona, se vio reforzada tras conocer que estos informes fueron clasificados con el máximo nivel de seguridad de manera que solo la Abogada General del Estado, Consuelo Castro Rey , y sus subdirectores generales, pueden leerlos, pero no el resto del cuerpo de abogados.

En su respuesta a Olona, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ni siquiera se molesta en argumentar jurídicamente su negativa a facilitar los citados informes. Un requisito que el Reglamento de la Cámara Baja exige cuando el Ejecutivo no proporciona la documentación que se le solicita.

El Gobierno simplemente se limita a facilitar a Vox el enlace donde cualquier ciudadano puede consultar la comparecencia de Sánchez ante el Congreso el pasado 20 de mayo, cuando leyó varios párrafos del informe de la Abogacía sobre la posibilidad de aprobar un «plan B» jurídico que sustituyera al estado de alarma. En esa intervención, el presidente del Gobierno solo aludió a este informe y se desconoce, además, si lo leyó entero.

Además, en su contestación a Olona, el Ejecutivo pone el acento en que cumplió «todos los procedimientos que establece el artículo 116 de la Constitución para la declaración del estado de alarma, así como para sus sucesivas prórrogas que han sido aprobadas por el Congreso». Sin embargo, la dirigente de Vox no preguntaba acerca de esta cuestión sino que solicitaba acceder a los informes emitidos.

Ante esta respuesta, Olona ha decidido recurrir ante los tribunales por la vía contencioso-administrativa y, de no obtener un fallo a su favor, acudir al Tribunal Constitucional.

La portavoz adjunta considera que la estrategia de opacidad aplicada por el Gobierno vulnera el artículo 23 de la Constitución que recoge el derecho de los ciudadanos «a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». «Recurriremos su mando caciquil y chulesco ante el Constitucional», ha aseverado Olona a través de Twitter, cuestionando que el Gobierno de Sánchez pueda apellidarse «de la transparencia», como defiende éste.

La dirigente de Vox tiene puestas muchas esperanzas en que el recurso salga adelante ya que, subraya, «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara respecto a que el Gobierno tiene el deber de proporcionar a los diputados la documentación que soliciten para el ejercicio de sus funciones». «Respuestas como la que nos ha dado el Ejecutivo vulneran esa obligación y la propia Constitución », hace hincapié, recordando que los informes de la Abogacía del Estado no pueden tener ningún tipo de protección o clasificación frente a los diputados.

En este sentido, letrados del Congreso consultados por ABC coinciden con el criterio de la dirigente de Vox. «El Tribunal Constitucional ha advertido en varias sentencias que la quiebra de la legalidad parlamentaria conlleva una consecuente vulneración del derecho fundamental a la participación política que reconoce la Constitución y esa quiebra se produce, por ejemplo, cuando el Gobierno no entrega a los diputados la documentación solicitada y no traslada las razones fundadas en derecho que justificación esa negativa», subrayan.

Siguiendo este hilo, hacen hincapié en que, además del artículo 23 de la Constitución, la contestación recibida por Olona podría vulnerar también el artículo 109 de la Carta Magna que establece que Las Cortes podrán solicitar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas».

También recuerdan que el Reglamento del Congreso ahonda y desarrolla este reconocimiento al establecer un periodo máximo de treinta días para que el Gobierno remita la citada documentación que le soliciten los diputados.

El Gobierno se reafirma en su negativa a no entregar los informes emitidos por la Abogacía del Estado a Vox. Fuentes de La Moncloa consultadas por este periódico defienden que se trata de documentos de uso «interno» por lo que no cabría su difusión pública. Sin embargo, la legislación deja muy clara la obligación del Ejecutivo de suministrar al Congreso cuanta documentación le sea requerida, sin incluir límites materiales.

El ejemplo más evidente son las materias clasificadas que incluso con esta protección deben ser compartidas con la Cámara Baja si ésta lo solicita. Así, el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional declara a Las Cortes como primer órgano competente en esta materia. Para ello, existe una Comisión Mixta Congreso-Senado «con el fin de que las Cámaras tengan la participación adecuada en los ámbitos de la Seguridad Nacional y dispongan de la más amplia información».

A ello se une que el artículo 10 de la Ley de Secretos Oficiales establece que «la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen», según el procedimiento establecido en cada Reglamento. Parece difícil interpretar que los informes de la Abogacía pueden vetarse a los diputados cuando estos pueden tener acceso a cuestiones tan delicadas como los secretos oficiales.

Toda esta polémica se produce casi a continuación de la ocasionada por la negativa del Gobierno a proporcionar al PP la copia de las alertas que el Departamento de Seguridad Nacional envió a Sánchez sobre el coronavirus. Ante la presión mediática, La Moncloa ha accedido a que diez diputados de este grupo consulten los citados ficheros, pero no podrán hacer copia de los mismos ni utilizarlos de forma pública.

Dada esta restricción, Olona se ha sumado a la demanda de los populares y ha cursado una petición más amplia con el objetivo de obtener, al menos, la misma respuesta que el partido de Casado y poder consultar los ficheros o recurrir ante los tribunales. Además, Vox ha solicitado conocer «todos los datos y documentos utilizados en la recién creada Comisión Interministerial sobre el coronavirus el 2 de febrero así como las actas y conclusiones de todas y cada una de sus reuniones».