La desmovilización independentista rebaja las expectativas de la respuesta al TS

La cifra de la manifestación independentista de la Diada de este año (600.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana, que en 2018 contabilizó un millón de personas) ha supuesto constatar que el desgaste ciudadano en el ámbito independentista es agudo y, por lo tanto, la respuesta a la sentencia a los líderes del procés que Torra pretende articular deberá aspirar a ser menos ambiciosa.

Una vez el listón de la confrontación con el Gobierno de España y el Estado de Derecho constitucional quedó en 2017 tan alto como lo dejó Carles Puigdemont –un referéndum de secesión, dos declaraciones unilaterales de independencia, un «paro depaís» el 3 de octubre y una huelga salvaje el 8 de noviembre–, en la sala de máquinas de Junts per Catalunya (JpC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y, también, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), con Torra en mando en plaza, cualquier respuesta que el nacionalismo defienda solo podrá quedar por debajo de lo vivido.

En los últimos días, la constestación que barajan los partidos es la de proponer un día de huelga. La opción: parar la producción y la economía catalanas . Un ejercicio de fuerza. Sin embargo, para la ANC y algunos sectores alejados del juego democrático esta respuesta a una sentencia del Supremo que esperan sea «dura» para Oriol Junqueras (ERC), los Jordis, así como el resto de implicados en el procés –no fugados de la Justicia–, sería totalmente insuficiente. Este paro tomaría como referencias la huelga del 3 de octubre de 2017 –que contó con el respaldo de la Generalitat– y la del 8 de noviembre de ese mismo 2017, que protagonizaron los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

Las aspiraciones de paralizar el país por parte del secesionismo contrastan con la frialdad de los grandes sindicatos, imprescindible para un objetivo así . Aunque CC.OO y UGT sí se han sumado a la campaña a favor de la libertad de los presos –participaron por ejemplo en el acto de Òmnium de la pasada Diada– no promoverán el paro como tal. Matías Carnero, presidente de la UGT de Cataluña, apunta que el sindicato no ha tomado aún una decisión, pero que siguiendo otras convocatorias anteriores, lo más probable es que la central, dado que se trata de una convocatoria política, dé libertad a sus afiliados para actuar como consideren. «La sentencia hay que acatarla, guste o no», añade Carnero, cabeza visible de la UGT menos proclive a contemporizar con el soberanismo. «El sindicato no será la correa de transmisión de ningún partido», añade en declaraciones a ABC. La perspectiva de un «paro de país» masivo sin el concurso de los dos principales sindicatos es inimaginable. Al igual que todos los sectores económicos –a excepción del sector público –, «la Seat no paró» en las anteriores convocatorias de «huelga política», recuerda Carnero, que es además presidente del comité de empresa de la automovilística, informa Àlex Gubern.

Tampoco en el gobierno catalán existe unanimidad al respecto. Àngels Chacón (PDECat), consejera de Empresa y Conocimiento, recordó recientemente que un paro total de un día de la economía catalana perjudicaría «muchísimo» a todos los sectores productivos, por lo que no es partidaria de este tipo de réplicas a una sentencia judicial. Chacón fue llamada al orden por Torra, quien dice y repite que no acatará la sentencia del alto Tribunal mientras mantiene reuniones con todos los actores (partidos, asociaciones, sindicatos...) del abanico estelado para trabajar en la respuesta.

Los presos del procés, que no hay día que no tengan presencia mediática en Cataluña, igualmente se han posicionado sobre el camino que debe seguir el independentismo una vez se conozca la sentencia del Supremo. El viernes, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en prisión preventiva, en una entrevista por escrito para TV3, defendió la práctica de la «desobediencia civil» y se comparó con Gandhi y con el movimiento insumino contra el servicio militar en España. Jordi Sànchez, en la misma entrevista para la televisión autonómica, apostó por otra vía distinta a la del paro de un día: la insumión fiscal.

«Cuando miles de hombres y mujeres deciden actuar contra lo que consideran injusto son imparables. La fuerza de la desobediencia civil está en la capacidad de ser muchos. (...) Si cien ciudadanos deciden no pagar impuestos para denunciar los incumplimientos presupuestarios del Gobierno español seguro que (estos cien) tendrán un problema. Si son trescientos mil ciudadanos los que no pagan, el problema lo tendrá el Estado».

Estas dos propuestas (huelga y desobediencia fiscal) son las más concretas que están sobre la mesa de Torra, que además tiene que lidiar con las diferencias entre ERC y JpC en el seno de su gobierno . Las discrepancias también se notan en el ámbito más radical del independentismo. La CUP no ha planteado una alternativa y, sorprendentemente, ha dado pasos para valorar su posible entrada en el gobierno autonómico. Tampoco los CDR han fijado objetivos claros y concretos para después de la sentencia. Bajo el nuevo aforismo de «tsunami democrático», grupúsculos que nacieron bajo el paraguas de los CDR reiteran en sus escritos –que corren por las redes sociales de internet sin más influencia que la de mantener la moral alta– que «no hay fuerza que pueda parar el poder la multitud que avanza» hacia la independencia.

Generalitat, partidos y entidades independentistas son conscientes, sobre todo desde la Diada, que la fuerza con la que contó Puigdemont en 2017 para afrontar el pulso al Estado de Derecho ya no es la misma. Cansados y decepcionados porque, desde 2012, les han dicho que la república «la tenemos a tocar», el independentismo vive su otoño político.