Una observadora internacional admite que Diplocat le pagó por informes del 1-O

[ Sigue en directo el juicio del «procés» ]

En su declaración como testigo ante el tribunal, la exdirectora de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda ha asegurado que Diplocat le pagó 8.000 euros por participar en la elaboración de ese informe . Catt dijo desconocer lo que este consorcio -participado casi al 90 por ciento por la Generalitat, que le nutre de fondos públicos- pagó a sus compañeros, porque cobraban por semanas y no todos trabajaron durante el periodo comprendido entre julio y mediados de octubre.

La Fiscalía sostiene que con la presencia e intervención de expertos internacionales , la Generalitat pretendió dar una apariencia de normalidad a la votación y, a la vez, ofrecer fuera de nuestras fronteras , un relato parcial de sus circunstancias y de su ilegalidad. Y es aquí donde entra en juego la figura de Raül Romeva, quien, según la acusación, dirigía Diplocat en su condición de consejero del Departamento de Relaciones Institucionales y Exteriores. Hoy, Helena Catt ha reconocido que se reunió con él y que la Generalitat «dirigió» los trabajos del grupo de expertos, dos confesiones que apuntalan la acusación fiscal.

Pese a encontrarse en Barcelona desde las semanas previas al referéndum ilegal, Catt ha reconocido que no sabe lo que sucedió el 20-S, fecha que marcó un antes y un después en la escalada de violencia en Cataluña, con asedios como el que tuvo lugar ante la Consejería de Economía , en el que participaron 50.000 personas.

Tampoco estuvo la observadora jubilada en primera línea durante la celebración del referéndum ilegal, pues sólo acudió a uno de los más de 2.000 colegios electorales y, cuando lo hizo, ya se estaban abriendo las urnas para proceder al recuento de papeletas.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, la testigo ha explicado que en su informe final, que entregaron a Diplocat la segunda semana de octubre, dejaron constancia de las circunstancias que rodearon el referéndum , tales como la prohibición del Tribunal Constitucional o el propio mandato judicial que impedía su celebración. Sin embargo, Catt no quiso ahondar en este aspecto, primero porque no recordaba detalles; y segundo, porque, según insistió, la consulta fue algo circunstancial en su informe y no el propósito del mismo. «Nuestra misión no era constatar si la votación era válida» , dijo la testigo. Aun así recalcó que lo que le contaron sus compañeros es que la actitud de la gente durante esa jornada era «positiva» y el ambiente «festivo».

Quien también ha omitido la palabra violencia fue el otro supuesto observador internacional que ha declarado hoy: el exdiputado regional Bernhard Felix Von Grundberg, testigo de la defensa de Cuixart y quien ha reconocido «contactos frecuentes» con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell antes y después del 1-O.

En su caso, su visita a España fue de solo unos días y la pagó «íntegramente» de su bolsillo. Ha enmarcado su presencia en Cataluña en su «interés» por la política y ha recalcado que el 1-O observó una situación pacífica, de normalidad, en los ciudadanos, pese al «secuestro de las urnas» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la «intimidación» a la que, según él, fueron sometidos.

Aquella jornada, la Policía tenía la misión de actuar e impedir el referéndum ilegal, tras ordenarlo así la magistrada del Tribunal Superior de Cataluña Mercedes Armas. Pero los observadores internacionales han pasado hoy de puntillas por esta circunstancia.