Dolores Delgado, en el Congreso
Dolores Delgado, en el Congreso - ISABEL B. PERMUY

Delgado responde a la huelga de jueces con un viaje a Estrasburgo

Reprochan a la ministra que no dé la cara por lo que ella misma defendió el 22 de mayo

MadridActualizado:

Jueces y fiscales secundaron ayer su segunda huelga en solo un año contra el Ejecutivo para pedir, «hoy más que nunca», un poder judicial independiente, mejoras en sus condiciones laborales y reformas legislativas que pongan a la justicia en el lugar que se merece. Como telón de fondo, el acuerdo entre Gobierno y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un pacto que, según los convocantes, ahonda en la imagen de politización de la justicia mermando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Pero si algo tenía de especial el paro que ayer secundaron en torno a la mitad de los profesionales de ambos colectivos es que la persona a la que iban dirigidas sus reivindicaciones, la ministra Dolores Delgado, era hasta ayer uno de ellos. No en vano el pasado 22 de mayo enarboló en primera línea, desde las filas de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la huelga convocada contra el entonces ministro Rafael Catalá. Quizá por ello, las siete asociaciones que llamaron al paro (que representan a la totalidad de asociados de ambas carreras) esperaban una mayor receptividad por parte de Delgado, pero la ministra respondió de la peor forma posible: quitándose de en medio con un viaje de dos días a Estrasburgo (Francia) para participar en el Foro Mundial para la Democracia y de paso reunirse, con entre otros, la cantante Luz Casal.

«Esperábamos que (Delgado) mantuviera las mismas reivindicaciones que hacía desde el otro lado del Ministerio, que lo que el 22 de mayo le parecía exigible a quien gobernaba lo hiciera ahora exigible al Consejo de Ministros y al presidente Pedro Sánchez», señaló ayer la decana de Madrid, María Jesús del Barco, quien puso de manifiesto esta contradicción tras la lectura de un comunicado a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Allí, como en los órganos judiciales de toda España, los jueces escenificaron su protesta a la una de la tarde.

«La huelga celebrada en el día de hoy es una ocasión idónea para demostrar que jueces y fiscales defendemos una absoluta separación de poderes, un CGPJ realmente independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones dignas y al servicio de todos los derechos de los ciudadanos», señaló Del Barco. Las asociaciones de jueces abogan por que los doce vocales de procedencia judicial que se sientan en el Consejo (junto con otros ocho juristas) sean elegidos por la propia carrera y no por los partidos. Al margen de esta reivindicación histótica, piden mejoras retributivas, dotación de medios personales y materiales, estudio de cargas de trabajo o la equiparación de los permisos de paternidad (en su caso, dos semanas) con el resto de trabajadores.

La huelga de ayer tuvo una participación similar a la del pasado mayo, cuando fue secundada por la mitad de ambas carreras. Según los datos proporcionados por los convocantes, a las cinco de la tarde la participación se elevaba al 60 por ciento en el caso de los jueces, mientras que según el CGPJ el paro fue secundado por 2.559 de los 5.500 togados que hay en España, un 46,88 por ciento. La Fiscalía General del Estado informó de que participaron 1.004 fiscales de 2.473, lo que supone un 40,59 por ciento.

El seguimiento fue desigual en unos y otros tribunales. En los juzgados de primera instancia e instrucción fue mayor que en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, donde en cada uno de ellos apenas participaron seis jueces. La cuestión es llamativa si se tiene en cuenta que precisamente ha sido el Alto Tribunal el que más ha acusado las injerencias del Ejecutivo en las últimas semanas, con el cuestionamiento del delito de rebelión por parte del propio presidente del Gobierno o con el decreto-ley de las hipotecas que le enmendaba la plana.

Situación «insostenible»

Sin secundar la huelga, una treintena de magistrados del TS se limitaron a manifestar su «total apoyo» a las reivindicaciones de la huelga de jueces y fiscales por las «imprescindibles reformas» que, en su opinión, necesita la Administración de Justicia «para cumplir correctamente la función constitucional que les corresponde».

De igual forma, los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia (que por su posición institucional no pudieron sumarse huelga) expresaron su solidaridad con las reivindicaciones. En un contundente comunicado, califican de «insostenible» la situación de la Administración de Justicia.