La constructora de La Finca, procesada junto a Villarejo

El auto, al que ha tenido acceso ABC, pone fin a la investigación de la pieza separada número 3 de la macrocausa Tándem. Conocida como «Land», se centra en el encargo que la administradora de Procisa, Susana García Cereceda; su socio Francisco Peñalver; y su jefe de Seguridad, David Fernández ; hicieron a la empresa del comisario Villarejo para garantizar sus intereses frente a otros miembros de la familia de cara al reparto de la herencia que dejó a su muerte el fundador de este imperio inmobiliario, Luis García Cereceda.

Los tres han sido procesados, así como las mercantiles en las que se escindió Procisa en octubre de 2016, La Finca Global Assets S.L., La Finca Somosaguas Golf S.L., y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios SL., en tanto que herederas de la matriz anterior y así, de su posible responsabilidad penal.

Eso, en cuanto a los clientes del proyecto. Respecto a sus ejecutores, García Castellón procesa a Villarejo, a su mujer, Gemma Alcalá; y a su socio Rafael Redondo . Asimismo, propone juzgar al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño . Se le imputa haber proporcionado a Villarejo los datos sensibles de las personas a las que investigaba, como los tráficos de llamadas, en un abuso de sus funciones policiales.

Todos ellos han sido asimismo procesados en otra pieza separada, la conocida como «Iron», que se centra en el espionaje a un bufete de abogados y que ha resultado la primera en llegar a su fin en esta macrocausa que se despliega ya en más de una veintena de líneas de investigación en torno a «una diversidad de encargos a cuenta de tercero» que Villarejo desplegó cuando era policía en activo «abusando de su condición».

«Land» es conocida como la «pieza rosa» del caso Villarejo dada la celebridad de sus víctimas, entre las que figuran la viuda de Luis García Cereceda, Silvia Gómez-Cuétara; su otra hija, Yolanda; y su marido Jaime Ostos Alcalá -hijo del torero-, el conocido como «arquitecto de los famosos», Joaquín Torres; y el director de la agencia de detectives Método3, Francisco Marco.

El proyecto se desarrolló a partir de 2013, tuvo una duración de un año y se desplegó en tres fases en las que los objetivos fueron, en este orden, Yolanda García Cereceda a través de su marido; Torres y Gómez Cuétara. En total, Procisa pagó a Cenyt 340.252 euros entre el 10 de julio de 2013 y el 12 de febrero de 2014 "de forma opaca en los términos pactados a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de servicios ficticios".

No era la primera vez. Ya en 2012, la compañía abonó a Cenyt 21.830 euros por un informe de inteligencia sobre tres mercantiles con las que tenía un contencioso así como sobre la juez de Pozuelo que había de resolverlo.

En el caso del proyecto Land, el auto detalla que los ahora procesados contrataron a Cenyt, la empresa que llevaban Villarejo y Redondo, para que indagase sobre la situación de Procisa «a fin de reclamar una herencia así como, también para averiguar datos sobre la situación del resto de los herederos», pero en la causa obran indicios de que la encomienda «excedía de lo que era un encargo sobre la rentabilidad de la empresa» .

En concreto, entiende que recurrieron al comisario, a sabiendas de su condición, para que "a través de su entramado empresarial denominado como Grupo Cenyt, llevara a cabo diversos servicios de inteligencia, de análisis de información y de intoxicación informativa en los medios de comunicación , dirigidos a obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas físicas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar al patrimonio y la reputación de Procisa y de sus administradores".

Para el juez, «no se puede sostener» que sus clientes «no tuviesen conocimiento de los métodos utilizados por grupo Cenyt» , sino que mantuvieron una posición «proactiva» en orden «al empleo de estos medios espurios» , tal y como se aprecia en las conversaciones intervenidas sobre el proyecto: «Incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.».

En este sentido, el auto detalla que los propios clientes proporcionaron a Villarejo los teléfonos de sus víctimas. "Una vez que en Cenyt los conocían, obtenían los tráficos de las llamadas de otros funcionarios policiales también en servicio activo como Enrique García Castaño, otro de los miembros integrantes de la organización criminal que es objeto de investigación en la Pieza Principal de la presente causa, de nuevo a cambio de dádivas, circunstancia que ya vendría repercutida en el precio de los servicios dado su eminente carácter ilícito, así como de otros funcionarios públicos no identificados ", dice el juez.

Además, Cenyt proporcionó a sus clientes un informe de inteligencia patrimonial sobre Procisa y Luis García Cereceda que había elaborado Método3 a instancias de Gomez-Cuétara y con el que se habrían hecho "de forma ilícita". Entre los archivos del comisario apareció una ingente cantidad de material de esa agencia de detectives que fue sometida en su día a una entrada y registro policial, aunque en esta pieza separada no se investiga cómo lo obtuvo.

Villarejo lleva en prisión provisional desde que en noviembre del año 2017 fue detenido, lo que convierte a Tándem en una de esas causas en las que la instrucción no se ha visto detenida con motivo de la suspensión de los plazos procesales acordada al hilo de la pandemia de coronavirus. El máximo que puede permanecer en esta situación sin que medie juicio y condena es de 4 años .

En las últimas semanas, además del f in de la instrucción de las piezas Land y Iron , el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha levantado el secreto de actuaciones sobre dos líneas más, así como sobre el grueso del material intervenido al comisario, una vez se ha completado el expurgo para excluir los secretos oficiales y los contenidos lesivos para la intimidad de terceros.