Turull y Rull piden a la Audiencia Nacional su excarcelación alegando que acatan el 155

En sendos recursos, a los que ha tenido acceso Efe, los dos exconsellers solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, aplicándoles los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de JxS.

Los dos exconsellers del PDeCAT permanecen en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre, junto a otros seis exmiembros del Govern, por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que los investiga a raíz de una querella de la Fiscalía por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

En sus escritos, Jordi Pina , abogado de ambos exconselles, descarta el riesgo de reiteración delictiva en que Lamela basó el ingreso en prisión de Rull y Turull –junto al de fuga y destrucción de pruebas–, argumentando que, pese a discrepar «políticamente de su contenido y legitimidad», sus clientes y el resto de miembros del Govern querellados «han acatado expresamente las medidas del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación».

Prueba de ello es, según el abogado, que tras la aplicación del 155 no se ha adoptado «ningún acuerdo ni dictado disposición de ninguna clase» por parte del Govern, que, recuerda el recurso, «estuvo reunido al finalizar la sesión parlamentaria del 27 de octubre» (en que el Parlament votó la independencia) «sin adoptar ningún acuerdo» . Los recursos insisten en que ninguno de los «cesados consellers» han aprobado tampoco acuerdo alguno: «Basta consultar el Diario Oficial de la Generalitat para comprobar que nada se ha publicado ya desde la aplicación del citado precepto constitucional», prosigue el escrito.

El abogado subraya también que ninguno de los miembros del Govern querellados «ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario ( tras la aplicación del 155 ), anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas ( el 21D )».

«No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral», añaden los recursos de Rull y Turull.

Jordi Pina argumenta además en sus escritos que el encarcelamiento de Rull y Turull «contraviene el derecho a elecciones libres», así como «el de los ciudadanos a tener representantes políticos», y recuerda que los querellados «participarían sin duda» en la campaña electoral del 21D si no estuvieran privados de libertad.

La defensa de Turull y Rull descarta también que el hecho de que el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers hayan huido a Bélgica tras la declaración de independencia suponga un incremento del riesgo de fuga que justifique mantener en prisión a los exconsellers que se quedaron en España.

« Los que están aquí, pudiendo haber estado allá (en Bélgica), están aquí», destaca la defensa, que insiste en el argumento de que que tanto Rull como Turull han mostrado siempre su «total disposición total puesta a disposición de la justicia española».

«Los querellados que han marchado a Bélgica han manifestado públicamente que pretenden sólo poder pilotar el periodo electoral (gravemente perjudicado por este proceso penal), sin intención de eludir definitivamente la acción de la justicia», esgrime la defensa, que también rechaza que Turull y Rull tengan capacidad económica para sustentar una fuga durante años en el extranjero.

Pina también denuncia en sus escritos la «palmaria indefensión» de la que han sido víctimas los exconsellers encarcelados, ya que la juez Lamela ordenó su ingreso en prisión incondicional tras una «clara vulneración de los derechos de defensa» , porque no contaron con un «proceso justo con todas las garantías» y no pudieron «preparar mínimamente su estrategia».

Además, la defensa insiste en que no hay base para acusar a los querellados de un delito de rebelión, porque asegura que en el proceso soberanista no hubo violencia en las calles, ni de sedición, al considerar que no ha existido ningún alzamiento tumultuario para quebrantar el orden público. El recurso de Rull y Turull sostiene que la Constitución de 1978 «no construye una democracia militante, sino que son legítimos los fines políticos contrarios a ella y la puesta en marcha de los medios necesarios para obtener dichos objetivos».

«El que ello se haga dentro de los cauces legales o no es irrelevante para el delito de rebelión (y también para el de sedición)», apunta.