El Reglamento no avala la excusa de Batet para impedir a un diputado corregir su voto

«El diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara que, en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará el voto telemático nulo y no emitido», reza el punto sexto de la citada resolución.

Este epígrafe es importante porque desde la Presidencia del Congreso alegan que no existían motivos para aceptar la repetición de voto solicitada por Alberto Casero para enmendar su «sí» a la reforma laboral . Según su versión, los letrados de la Cámara pidieron a los servicios informáticos que comprobaran si había existido un error técnico durante la votación de Casero y estos concluyeron que no había tenido lugar, informando de ello a la presidenta. «No cabía, por tanto, la repetición», insisten.

Sin embargo, era la Mesa del Congreso y no Batet la que tenía la potestad para juzgarlo. Y la Mesa de la Cámara no fue convocada. Las cuatro formaciones representadas en la Mesa PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox , subrayaron ayer que no hubo reunión . La presidenta de la Cámara tampoco consultó uno a uno con los otros ocho miembros del órgano.

« La presidenta no nos convocó ni formal ni informalmente . Yo me enteré del asunto cuando intentó hablar la portavoz del PP y desde mi sitio le dije a la presidenta del Congreso que le diera la palabra para que dijera lo que quisiera decir», señalaba ayer a ABC el vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro . «La presidenta no me comentó nada en ningún momento. Faltó rigurosamente a la verdad y lo hizo ante el pleno del Congreso al afirmar que la Mesa había analizado la petición», remacha.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Ana Pastor , apunta que «varios» miembros del órgano fueron ajenos a lo que estaba sucediendo y no tuvieron conocimiento hasta que finalizó la votación presencial. «La presidenta tenía que haber reunido a la Mesa porque así lo exige la resolución de 2012 y no lo hizo», incide. Fuentes populares inciden además en que aunque los informáticos comprobaran el sistema desde el Congreso, no pudieron chequear el dispositivo de Casero. «Los miembros de la Mesa no pudieron pronunciarse», denuncian.

Presidencia se defiende alegando que esa resolución de 2012 no está vigente porque hay dos textos posteriores, de 2020 y 2021, que la actualizan. Sin embargo, estas dos últimas disposiciones fueron aprobadas «sin perjuicio de lo previsto» en la aprobada en 2012. Es decir, que ninguna deja sin efecto el contenido de la primera.

Otro foco de polémica es la prohibición de entrada al pleno que, según Casero, sufrió el jueves por la tarde. Desde Presidencia recuerdan que el Reglamento de la Cámara (artículo 80) impide que nadie acceda o salga del hemiciclo una vez comenzada la votación. Sin embargo, el pasado martes 30 de noviembre, varios diputados entraron en el pleno y ocuparon sus escaños una vez iniciada la votación del primer punto. Varios parlamentarios protestaron por ello pero Batet pidió silencio alegando que esa primera votación ya se había producido y que «entre votaciones se puede acceder al hemiciclo».

Las protestas subieron de tono ya que la presidenta aún no había leído el resultado de la votación. Entre los parlamentarios que se quejaron destacó, precisamente, Casero al que Batet llamó al orden por lanzar frases desde su escaño que no resultaron entendibles. El jueves, en cambio, cuando este parlamentario intentó utilizar esa interpretación de Batet se encontró con la puerta del hemiciclo cerrada. Solo pudo acceder al Salón de Plenos una vez concluida la votación.

El tercer eje de conflicto jurídico es la ausencia de comprobación telefónica del voto emitido. Esta exigencia también se incluye en la resolución de 2012 y Presidencia de la Cámara alega que no se ha aplicado desde el inicio de la pandemia y que existe una doble verificación informática del voto telemático que no la hace necesaria. Los populares, por su parte, alegan que el voto es un acto jurídico y que, por tanto, debe llevarse a cabo mediante el procedimiento reglamentariamente establecido. Máxime cuando el diputado así lo reclama.

Toda esta pelea jurídica ha cristalizado ya en las primeras actuaciones. Casero elevó ayer un escrito a la presidenta de la Cámara narrando los hechos y denunciando que su derecho al ejercicio del voto fue «quebrantado» y que, por tanto, la convalidación de la reforma laboral «no refleja la legítima voluntad de la Cámara».

Por su parte, la portavoz popular, Cuca Gamarra , se centra ahora en intentar impedir que la convalidación de la reforma laboral se haga oficial. Con este objetivo, pidió ayer por escrito a Batet que no se publique el resultado de la votación en el Boletín Oficial de las Cortes y que tampoco se ordene la publicación de la convalidación en el Boletín Oficial del Estado. Ayer por la tarde solicitó, además, la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para que examine «la actitud abiertamente irregular» de Batet y adopte las medidas necesarias para «revertir» la vulneración de los derechos de Casero.

Además, Batet tiene que resolver si convoca una reunión de la Mesa de forma urgente, como le pidió el jueves Ana Pastor . Ayer por la tarde esta cita no había tenido lugar ni ha sido convocada por lo que la vicepresidenta segunda remitió un nuevo escrito a Batet reiterando su petición. Fuentes de la Presidencia señalan que la política catalana resolverá todas estas cuestiones tras consultar con los letrados de la Cámara.

Los populares no creen que vaya a escuchar sus peticiones y dan por hecho que tendrán que acabar recurriendo ante el Tribunal Constitucional, como anticipó ayer su presidente Pablo Casado . Pero tienen que presentar todos estos escritos y agotar la vía parlamentaria para pertrecharse de argumentos.

Entre tanto, suben también los decibelios de la bronca política. Casado fue tajante ayer al calificar lo ocurrido de «atropello democrático» y «pucherazo». En un tono muy duro, el líder del PP advirtió a Batet de que podría prevaricar si no permite que la Mesa se reúna para reconsiderar su decisión sobre Casero, informa Mariano Calleja .

Similar terminología utilizó la secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona. «Ayer lo que vivimos fue un auténtico pucherazo», aseguró en una entrevista con Antena 3, acusando a Batet de «incumplir flagrantemente la normativa que es obligatoria en el Congreso».

Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra , se centró en los dos diputados de UPN que votaron en contra de la reforma laboral saltándose la orden de su partido. A su juicio, el PP compró su voluntad y lo único que falta por saber «es el precio».