El Congreso aprueba los límites a la Justicia universal a casos de españoles

En lo que a la limitación de la Justicia universal se refiere, la reforma fue apoyada por el PSOE, PP, CiU y PNV con el objetivo de que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español".

Desde el PP, la diputada Dolors Montserrat ha justificado este acuerdo explicando que "la evolución seguida por los tribunales y principalmente por la Audiencia Nacional requería una importante reflexión para adaptar el precepto de la jurisdicción universal al principio de subsidiariedad y a la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y homologarlo con los países del entorno". En esa línea, se ha referido a "los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables".

"En ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno", ha defendido también el diputado socialista Julio Villarrubia, quien ha añadido que "se han incluido crímenes que antes no estaban expresamente incluidos como los crímenes de guerra y lesa humanidad". Ha explicado que España podrá seguir persiguiendo estos delitos siempre que no se haya iniciado otro proceso en una corte internacional, en el país de origen del investigado o en el estado afectado por las actividades investigadas.

En la misma línea, su compañero de grupo y diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha declarado que "hoy es un día triste para la Justicia universal y para la defensa de los Derechos Humanos y para las víctimas, hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza". Para el ex dirigente de IU, esta reforma lleva a "la conclusión del doble rasero: hay una Justicia para el tercer mundo y una injusticia internacional para los blancos del primer mundo. Cuando esto ha llegado a Israel y a EEUU han mandado parar".

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha comenzado definiendo el resultado de esta reforma como "la Ley de defensa de intereses difusos" ya que, a su entender, "menos una Oficina Judicial eficiente se regula de todo" y añadió que se ha aprovechado "para desactivar el conflicto planteado por los jueces".

A partir de ahí, y en cuando a la Justicia Universal, ha reprochado al Grupo ERC-IU-ICV por sus críticas a la reforma de este punto concreto. Ha asegurado no entender las quejas ya que, a su juicio, la modificación no supone dejar de perseguir delitos internacionales, siempre que haya relación con España. "No ha cambiado, no entendemos por qué tanto aspaviento", ha sentenciado Olabarría, quien, pese a sus reproches al proyecto, ha anunciado el apoyo de su grupo.

Durante la sesión plenaria de hoy, también fueron aprobadas algunas de las reivindicaciones realizadas por los jueces , como la supresión de los traslados forzosos por ascenso o la creación de la figura del juez de adscripción territorial. Villarrubia, quien ha felicitado en varias ocasiones a todos los grupos parlamentarios por su esfuerzo en la elaboración de esta reforma, manifestó su satisfacción indicando que la nueva oficina judicial y sus complementos sienta las bases de la modernización de la Justicia.

Por su parte, la dirigente 'popular' defendió que "la Nueva Oficina Judicial acumulaba ya seis años perdidos por los vaivenes políticos y no se admitían más demoras". Ha admitido que "las amenazas de los jueces y las huelgas de los secretarios y funcionarios del año pasado forzaron al gobierno a ocuparse de la Justicia", por lo que lamentó que esta reforma sea "fruto de presiones", algo que, a su juicio, ha provocado "un trámite acelerado".

Para este proyecto complementario hoy aprobado, el PSOE y el PP también consensuaron una enmienda que implantará un depósito económico obligatorio para la presentación de recursos en la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa. CiU, PNV, ERC y BNG no lo apoyaron al considerar que esta medida debería repercutir en las comunidades autónomas.

El diputado de CiU Jordi Jané ha manifestado su "satisfacción" por los acuerdos alcanzados sobre la eliminación de los ascensos forzosos o la creación de la figura del juez territorial. Sin embargo, también ha vertido críticas a la aprobación del depósito. Según ha dicho, "desde el punto de vista autonómico deja mucho que desear".

"La finalidad la podemos compartir, que es disuadir el exceso de recursos, pero la forma en que se va recaudar ese deposito atenta contra el sistema de reparto competencial", ha indicado Jané en relación con el hecho de que el Estado destinará un 40 por ciento de ese depósito a las comunidades autónomas, una cantidad que los grupos nacionalistas consideran insuficiente.

En esa línea se ha manifestado Joan Ridao, quien aseguró no entender "por qué ese depósito no es destinado en un 100 por ciento a las comunidades autónomas con competencias en lugar de un 40 por ciento".

Además, Jané subrayó el compromiso del PSOE y del Gobierno de acometer en el próximo periodo de sesiones la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla a los estatutos de autonomía aprobados en la pasada legislatura.

Con el Pleno celebrado hoy, el Congreso concluye la aprobación de la ley orgánica complementaria de la reforma de la Ley procesal por la que se establece la nueva Oficina Judicial, para su posterior remisión al Senado. Sólo si allí se introducen enmiendas, algo improbable dado el consenso entre los dos grupos mayoritarios, la reforma volvería a la Cámara baja. La previsión es implantar la nueva Oficina Judicial el 1 de enero de 2010.

Ya el pasado día 18 los grupos parlamentarios del Congreso dieron el visto bueno al dictamen elaborado por la ponencia que ha trabajado en esta ley y aprobaron para su remisión al Senado únicamente las medidas de naturaleza jurídica ordinaria contenidas en el proyecto.