Qué es la comisión de secretos oficiales que quiere activar el Gobierno tras el espionaje a políticos catalanes

Su nombre real es el de Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados -aunque es más conocida como Comisión de Secretos Oficiales- y es el foro legal en el que los responsables del CNI, así como los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores deben rendir cuentas sobre la información clasificada y el uso de los fondos reservados que se destinan a la defensa y seguridad del Estado, cuya cuantía se fija cada año en los Presupuestos Generales.

Esta comisión nació en 1995 mediante la ley 11/1995 que regula la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados en los Presupuestos Generales del Estado. Más tarde, en 2002, la Ley 11/2002, reguladora del CNI, amplió su ámbito de trabajo a toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.

Según queda reflejado en el BOE, los titulares de los departamentos que reciben anualmente estos fondos son los que tienen la potestad para decidir a qué van destinados, pero también tienen la obligación de rendir cuentas de forma periódica cada seis meses tanto a las Cortes, a través de esta comisión, como al Presidente del Gobierno y el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, esta no se reúne desde marzo de 2019. De hecho, durante la legislatura actual no se ha convocado la comisión ni una sola vez, algo que desde el partido de Gobierno han insistido en las últimas semanas que querían solucionar. El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ya mostró la predisposición de su grupo para poder reunir esta comisión llegando a un «entendimiento» de todos los grupos «sin vetos cruzados». Este martes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto a la Mesa de la cámara reformar la comisión para rebajar la mayoría de tres quintos (210 diputados) necesaria ahora para su creación hasta la mayoría absoluta (176 votos a favor).

Este órgano está actualmente bloqueado en su composición por los vetos entre partidos. Para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara o, lo que es lo mismo, 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, en este caso Meritxell Batet.

El escenario actual hace prácticamente imposible que se puedan logar esos 210 votos porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios. Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, algunos de los cuales ya han descartado su apoyo.

Así, los socialistas, que ya adelantaron su intención de rebajar la mayoría de tres quintos requerida para elegir a los miembros, lo ha llevado finalmente a la práctica este martes para sortear así los vetos de PP a Bildu y que todos los partidos políticos con representación en el Congreso puedan acceder a las conclusiones de dicho informe interno sobre el 'Catalangate' y la desclasificación de información confidencial para brindársela a los tribunales.

Las sesiones de la Comisión son secretas y sus miembros están obligados por ley a no divulgar las informaciones obtenidas. Los miembros pueden acceder a la documentación catalogada como secreta o reservada, ya sea los originales o copias, pero solo para examinarla o tomar notas, nunca para hacer copias.