La Comisión que investiga la Púnica suspende la declaración de Granados sobre Arpegio

«Teniendo todos muy claro que se ha hecho bien, se ha hecho lega l, y porque no queremos que quede ninguna duda y para que no haya resquicio de que este señor no comparecía por videoconferencia con todas sus garantías y derechos… Vamos a volver a pedir al juez confirmación y, por tanto, posponemos esta comparecencia a tener este segundo juicio del juez para que no quede ningún margen de duda », ha concluido la presidenta de la Comisión.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha iniciado su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para explicar el papel de la Fundación Arpegio en la trama Púnica y, en respuesta al senador Ramón Espinar, ha afirmado que « está encantado de hablar » y de que «se le convoque tantas veces como sea necesario».

Un inicio de intervención en el que ha recordado que pidió un aplazamiento de sus comparecencias hasta su puesta en libertad, ya que estando en prisión no puede consultar ningún dato ni «arrojar mucha luz». Un recordatorio con mensaje a Ignacio González, « parece que un viaje a Londres es un motivo de peso para un aplazamiento, y mi situación no ».

Esto ha causado que la portavoz del grupo socialista, Encarnación Moya, haya expresado su malestar por «la decisión unilateral de la presidenta de la Asamblea » y ha pedido un receso para que los miembros de la mesa y los portavoces regionales valoren si la declaración de Francisco Granados continúa o no. «Estamos hablando del respecto de los derechos de una persona que no puede defenderse en igualdad de condiciones que en otras», ha añadido Moya en su petición. Tras suspender la sesión, la presidenta de la Comisión ha alegado que es la presidenta de la Asamblea de Madrid quién se encarga de las relaciones con las instituciones ajenas a la Asamblea . Por lo tanto, la decisión de aplazar esta declaración es «una decisión, que como marca el reglamento, no compente ni a los portavoces, ni a la presidenta de la comisión», ha explicado González.

Granados ha comparecido, vía videoconferencia y desde la prisión de Estremera (donde permanece encarcelado desde hace año y medio), en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la trama Púnica. Esta es la segunda vez en apenas un mes que habla ante los portavoces regionales de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de abril, el exsecretario general del PP madrileño fue citado para tratar el supuesto caso de espionaje a políticos del PP en 2008 y 2009 . En esa ocasión intentó, sin éxito, desviar su declaración a la investigación de la Púnica.

Esta vez el objeto de su intervención era aclarar el papel de la Fundación Arpegio en la trama de corrupción de la Comunidad de Madrid. Esta empresa pública, fundada en 2006 por Francisco Granados, se encargaba de la gestión del suelo en la región y del programa PRISMA, y estuvo bajo el control de Granados durante sus años de consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Según la investigación de la Púnica, las adjudicaciones directas de Arpegio a empresas vinculadas a esta trama alcanzan los diez millones de euros.

Precisamente, por su implicación en la trama Púinica, Cristina Cifuentes ordenó el pasado 10 de mayo extinguir Nuevo Arpegio, la empresa pública heredera de esta Fundación. De la gestión del PRISMA se encargará Arproma, rebautizada como Obras de Madrid por la presidenta de la Comunidad, y los activos del suelo público, cuya propiedad ostentaba Nuevo Arpegio, pasarán a la dirección general del Suelo.

Su llamada a comparecer ha llegado después de que el juez Eloy Velasco levantase el secreto de sumario de la investigación de la Púnica. En las grabaciones, David Marjaliza el empresario socio de Granados y cerebro de la trama apuntó que la llegada de Granados a la alcaldía de Valdemoro fue el inicio de la corrupción: Marjaliza declaró que tras «reconciliarse» con Granados el exconsejero le propuso a él y a Ramiro Cid Sicluna (otro promotor inmobiliario) que se unieran para presentarse a los concursos públicos. Además, según su versión, el exdirigente del PP « cobraba en torno a un 20 por ciento en mordidas » por operaciones inmobiliarias en Valdemoro.