Las claves jurídicas de la decisión de Velasco sobre Pedro Antonio Sánchez

El juez acusa al presidente de Murcia de concertar un acuerdo con un empresario de la Púnica para «lavar» su imagen política con trabajos de reputación digital. El acuerdo suponía enmascarar los servicios privados en un contrato de formación para la Consejería de Educación. Es decir, el coste lo iban a soportar las cuentas públicas.

Aunque no se ejecutaran los trabajos ni se firmara el contrato, el juez considera suficiente el «mero acuerdo» entre Pedro Antonio Sánchez y Alejandro De Pedro para que exista un delito de fraude. Este tipo castiga el concierto y los actos preparatorios. Si hubiera perjuicio final, estaríamos ante malversación.

Además, el magistrado aprecia un delito de revelación de información reservada porque el político reveló sus intenciones de contratar a «extraños a la Administración», lo que perjudicó a otros posibles competidores.

El tercer delito, el de cohecho, existiría porque los empresarios de la Púnica comenzaron los trabajos preparatorios de la reputación digital como un adelanto por futuros contratos públicos «hinchados» de la Consejería de Educación.

Los trabajos durarían 7 meses y costarían 4.600 euros al mes. Incluían un portal digital, un periodista y herramientas de posicionamiento en internet.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia es el competente de investigar y juzgar al presidente de Murcia por su condición de aforado. Decidirá si le imputa.