La UE cifra en un 405% el aumento de menores inmigrantes en España en 2018

El documento difundido esta semana, que recuerda insistentemente que este trayecto del Mediterráno Occidental se ha convertido en el principal puente de entradas irregulares a la UE, incluye en su capítulo de conclusiones la «posibilidad» de que la inmigración subsahariana, -y más concretamente de los países del este del continente-, vuelvan a elevar las cifras que documentan este fenómeno a un nuevo record durante el presente ejercicio. «Está claro que para ellos, la ruta del Mediterráneo Occidental se ha convertido en el camino preferido a Europa. El Mediterráneo Central (eje Libia-Italia) es considerado más lento y más peligroso, y en resumen, con menores oportunidades de éxito», zanja el texto.

Frontex emite anualmente este informe desde hace más de una década. En él se reflexiona sobre la evolución de la inmigración ilegal en el marco de la Unión , esta vez para felicitarse de que en 2018 «el número de detecciones de cruces ilegales de fronteras alcanzado es el más bajo en cinco años», 150.114 entradas, un 27% menor al año anterior y un 92% por debajo de lo computado durante la crisis de 2015, denominada «de los refugiados».

El balance del organismo europeo constata que «la presión sobre España se la elevado en los últimos años», aunque, sorpresivamente, apenas se menciona que parte de ese crecimiento es consecuencia del cierre casi total del acceso a la inmigración por parte del gobierno italiano, gran punto de inflexión de 2018 que ha modificado el mapa de los movimientos migratorios a través de África y en el que Frontex apenas repara. Tampoco lo ha hecho la UE, que más de ocho meses después de que el vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini , de la ultraderechista Liga, impusiera sus políticas de corte xenófobo, no ha adoptado ninguna medida contra Roma ni que repare a los países que se están viendo colateralmente perjudicados.

Al margen, en lo que sí incide el documento en esta edición es en esa importante entrada de menores en la UE, cuantificada como resultado de la iniciativa de la agencia por recopilar por primera vez el sexo y la edad de los rescatados. El trabajo ha evidenciado que uno de cada cinco inmigrantes detectados en el conjunto de la Unión «dijo tener menos de 18 años» , lo que en los supuestos dudosos ha obligado a realizar pruebas científicas para determinar la edad.

Como resultado, se ha concluido que el mayor punto de entrada de niños inmigrantes es la ruta del Mediterráneo Oriental, con referencia en Grecia, que ha registrado un 36% de incremento al pasar de los 13.431 contabilizados en 2017 a 18.259 de 2018. Frontex indica que la mayoría de ellos han llegado acompañados de sus familias y que sus países de procedencia son, principalmente, Siria, Afganistán, Irak y Turquía.

En segundo término, la ruta italiana y de Malta -el Mediterráneo Central- ha visto a lo largo del año pasado cómo la entrada de menores se reducía un 74%, hasta los 4.396 , en sintonía con la de adultos, como consecuencia de las prohibiciones impuestas por su gobierno a la inmigración ya mencionadas. En este contexto, la Agencia sí expresa una «particular preocupación» habida cuenta de que el 84% de esos niños han viajado no acompañados. Por nacionalidades, en Malta se trata de somalíes, sudaneses y eritreos, mientras que en Italia se documentan una mayoría de tunecinos, seguidos de eritreos y guineanos.

Lo que subraya el informe es que el el mayor crecimiento en cuanto a la aparición de menores como parte de la inmigración irregular es ese 405% más registrado en la ruta española, lo que significa que el 9% del conjunto de entradas a nuestro país al margen de legalidad son ya de niños.

El número de menores no acompañados (Menas) en España se estimó el pasado octubre en más de 11.100, casi un 75% más que el año anterior, y ha desbordado los servicios sociales disponibles. Frontex no hace ningún comentario sobre las circunstancias en que ingresaron en nuestro territorio los 4.850 menores de 2018, como ya se ha dicho, pero sí indica que tres de cada cinco son marroquíes, como lo son la mayoría de los menas que participan del programa de protección que desarrollan las autonomías, con especial mención a Andalucía, y que a finales de año tuvo que dotarse con una partida extraordinaria de 40 millones de euros para hacer frente a las necesidades en aumento.

La presencia de niños en las pateras que cruzan el Mediterráneo es habitual. El pasado 25 de enero, en las costas de Ceuta, se documentó por primera vez una embarcación integrada casi en su totalidad por personas que dijeron tener menos de 18 años. La barca naufragó, 22 de sus pasajeros llegaron a nado a las playas y 20 de ellos aseguraron ser menores. Habían salido de Marruecos a primera hora de la mañana, según la Guardia Civil. Tras los menores de este país, el organismo europeo de fronteras explica que los más numerosos son los niños argelinos y guineanos.

En vista de la detección de este fenómeno creciente de inmigración infantil, la UE se plantea que tiene por delante un doble reto. Uno, el de los menores que dicen ser adultos «en un intento de eludir la aplicación de las medidas de protección, percibidas como un freno para la continuación de sus viajes hasta el destino final». Este método, recuerda Frontex, está a menudo vinculado a la acción de redes de explotación y tráfico de personas, para quienes es preferible tener a estas víctimas en centros de régimen abierto para adultos puesto que así les son más accesibles.

El otro desafío es el de los adultos que dicen ser menores , lo que se considera «casos especialmente problemáticos» en tanto quienes lo hacen tratan «de abusar de los sistemas legales de los estados miembros y privar a los verdaderos niños de la especial protección reservada a ellos». En el caso de España, estar por debajo de los 18 años convierte a un inmigrante en prácticamente inexpulsable, al margen de que luego vayan a beneficiarse o no -hay casos de niños que renuncian y escapan a vivir a la calle- de un sistema que les ofrece acogida especializada, apoyo psicológico y educativo y tutela hasta que cumplan la mayoría de edad.

El Ministerio de Sanidad, que fracasó en el intento de lograr un acuerdo entre las autonomías para repartirse la asistencia ea estos menores, que recae fundamentalmente en Andalucía, Ceuta y Melilla, cifró el año pasado en 7.474 euros la transferencia a realizar a las administraciones regionales por cada niño asumido. Los adultos que llegan con sus hijos también tienen mayor probabilidad de no ser expulsados, en tanto se tiene muy en cuenta el interés superior del menor como bien a proteger.

La reflexión que hace el organismo europeo es que los estados miembros de la Unión deben extremar los esfuerzos para detectar a este colectivo, especialmente vulnerable, de modo que a continuación sean convenientemente tratados para que no queden expuestos a riesgos de seguridad, psicológicos y físicos, entre ellos, a abusos sexuales y tráfico humano.