«La prioridad del Govern de Puigdemont era el procés en lugar de mejorar la vida de la gente»

La coyuntura es insostenible para algunas entidades, como es el caso de la Federación de Personas Sordas de Cataluña (Fesoca). Allí tienen ya un ERE sobre la mesa después de no haber cobrado ni un euro de los 450.000 por ejercicio prometidos en varias subvenciones por la Generalitat y que suponen el 80 por ciento de su presupuesto anual. «Ahora hay que consensuar con el Gobierno una tramitación de urgencia de estas ayudas», propone Raúl Moreno, diputado del PSC en el Parlament y portavoz del área de Bienestar Social, quien también desmiente el relato independentista que culpa de los retrasos al Gobierno por haber intervenido, a mediados de septiembre, las cuentas de la autonomía catalana: «El tema de la intervención del Estado es una excusa».

En este sentido, Moreno insiste en que el Govern cesado «debe asumir su responsabilidad» en el asunto, aunque también matiza que quizá la aplicación del artículo 155 de la Constitución «no haya colaborado a mejorar la interlocución» entre ambas instituciones. Pese a ello, es rotundo en sus críticas al Ejecutivo regional cesado: «Si no hubiera habido 155, los retrasos también se hubieran producido».

Más duro en sus manifestaciones a este diario es el secretario general del PP en Cataluña. «Esto es una prueba más de cómo el antiguo Govern utilizaba la Generaltiat para lanzar a la sociedad contra Gobierno de España», clama Rodríguez, quien añade que, al señalar a Cristóbal Montoro como el culpable de que no se dieran estas ayudas bienales a tiempo, Puigdemont y los suyos «pretendían trasladar la responsabilidad del impago al Gobierno central».

Y justo esa tesis respalda En Comú Podem, que «compra» el argumento secesionista para arremeter contra Rajoy. «La complejidad de la situación actual proviene de la deriva autoritaria del Gobierno del Estado», dice Aina Vidal, diputada en el Congreso de los Diputados de la formación que tiene a Ada Colau como cara más visible. Vidal cree que desde Madrid se ha buscado «un conflicto con la Generalitat», aunque también dirige sus críticas al Govern cesado: «Es posible que la Generalitat no haya estado a la altura de las circunstancias en algunos momentos».

Rodríguez, que no comparte el diagnóstico de Vidal, habla de que esta dilación a la hora de abonar las subvenciones -momento que no llegará antes de seis semanas-, puede incluso suponer «la dejación de determinadas funciones» por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. « Creo que hay intencionalidad por parte de la Generalitat al no haber colaborado con el Gobierno para comprobar que se pudieran hacer esos pagos», refrenda De la Calle, quien advierte que Ciudadanos avisó al Govern de la gravedad del caso aunque, como lamenta: «Les puedes decir misa que hacen oídos sordos».