Cataluña no negocia la financiación, pero el Estado sigue pagando su deuda

La Conferencia de Presidentes autonómicos del 17 de enero acordó, con la ausencia de los dirigentes autonómicos de Cataluña y el País Vasco, que en un mes se creara una comisión de expertos, integrada por los que se propongan por el Estado y uno por cada comunidad. El plazo para que las autonomías enviasen su propuesta concluye hoy, día en que el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la comisión de la financiación autonómica, y a otra sobre la local.

Fuentes de La Moncloa confirmaron que la única comunidad que ha rechazado participar en ese grupo de expertos es Cataluña. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , envió una carta la semana pasada al consejero catalán de Economía, Oriol Junqueras, como a todos los demás. El político de ERC rehusó la invitación con un rotundo «no». Dejó claro que esta comunidad no quiere participar en las conversaciones sobre el nuevo modelo de financiación junto al resto de las autonomías, y exigió al Gobierno una «negociación bilateral». Esa es la única vía que admite la Generalitat en este momento. Cualquier foro en plano de igualdad con las demás Comunidades Autónomas produce un rechazo inmediato en las autoridades independentistas, que siguen exigiendo un trato diferente y exclusivo.

Desde el Gobierno se ha insistido a la Generalitat para que participase en un «grupo donde se van a tratar los intereses de todos los españoles», incluidos los catalanes. Pero ahora mismo choca contra un muro. En el Gobierno de Rajoy preocupa lo justo el nuevo desplante de los independentistas. Si la Generalitat no propone expertos para analizar el modelo de financiación, los intereses de los catalanes seguirán defendidos por el Gobierno de la Nación. «Aunque la Generalitat decida no representar a los catalanes en un foro tan relevante como es este, el Gobierno sí que lo hará porque es el Gobierno de todos los españoles», insisten las fuentes consultadas.

No obstante, el proceso para revisar el sistema no acaba en esa comisión. De ahí debe salir una «formulación» del modelo de financiación, fundamentado «en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal», según el texto del acuerdo firmado en la Conferencia de Presidentes.

Con ese informe, será el Gobierno y el Consejo de Política Fiscal y Financiera quienes intenten cerrar el sistema renovado de financiación. Con o sin el Ejecutivo autonómico catalán. Si este se niega a participar en las negociaciones, se intentará sacar adelante el modelo de igual forma.

El presidente Rajoy se refirió así a la posible ausencia de los representantes de Cataluña en la negociación de la financiación : «No me cabe en la cabeza que haya una reunión para debatir cómo se financian las distintas comunidades, que sea una reivindicación de todos, y alguien no quiera ir. Sinceramente, es que no puedo considerar eso y, en cualquier caso, lo que no se le puede pedir al resto de comunidades autónomas, y ya me dirá usted cómo lo hago yo, es que no hay modelo de financiación, ni hay reunión, porque hay un Gobierno que no quiere hacerlo». Rajoy aseguró, en aquella Conferencia de Presidentes, que espera que se imponga la cordura, aunque el modelo se negociará con o sin los nacionalistas catalanes.

De cara a los mercados, la independencia que reclama la Generalitat no se traslada a su financiación, punto en el que es más dependiente que nunca del Estado. El Estado es el principal acreedor del Ejecutivo de Puigdemont al tener en sus manos el 63 por ciento de su deuda: de los 74.400 millones que ha emitido la Generalitat, 46.731 pertenecen a Hacienda. Un montante que las agencias de calificación han degradado a «bono basura», es decir, bono especulativo, y que supone una tercera parte de los 137.970 millones de deuda autonómica que pertenece al Estado, según el Banco de España.

El endurecimiento del desafío catalán saldrá «gratis» a las finanzas de la Generalitat gracias al apoyo del Estado. «Su situación política no nos interesa a menos que influya en su situación crediticia. Mientras Cataluña reciba apoyo del Estado, nuestra calificación no variará demasiado y no vemos que el Estado vaya a dejar de dar financiación a Cataluña», señala Marisol Blázquez , analista de Moody’s responsable de las comunidades en una entrevista con ABC, que advierte de que «un default de Cataluña se interpretaría como un default de España». Moody’s mantiene la deuda catalana en «bono basura» (Baa3) con perspectiva negativa.

El apoyo del Gobierno va más allá de la deuda que tiene o de los más de 60.000 millones que ha inyectado desde 2012 a la Generalitat en forma del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o de pago a proveedores. El Estado avala toda la deuda emitida por la Generalitat ya que, en caso de que no pudiera atender ciertas obligaciones, el FLA saldría al rescate. Ello incluye los préstamos a corto plazo, concedidos por la banca. De momento las comunidades están renegociando los vencimientos que les llegan, pero en caso de que no pudieran pagarlos contarían con la ayuda del Estado. El Tesoro se ha reunido con agencias de calificación para transmitirles que el FLA cubriría estos préstamos en el caso más extremo. De los 8.434 millones que las regiones deben pagar a la banca en el próximo año, 4.525 pertenecen a Cataluña.

Así, el Estado seguirá desplegando préstamos a tipos bajos este año. Moody’s calcula que Cataluña tendrá unas necesidades de 7.000 millones, una cuarta parte de los 29.000 millones de todas las comunidades, a cargo del Estado.