Cataluña acaparó 16 de los 31 recursos presentados por el Gobierno contra leyes autonómicas

Aunqu e se presentaron más recursos de inconstitucionalidad que el año anterior (47 frente a 32) , así como otros procesos (cuatro impugnaciones de disposiciones autonómicas y seis cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales), en términos generales disminuyó el principal caudal de asuntos que recibe el Tribunal Constitucional. Así, se registraron 6.286 recursos de amparo (en vez de los 6.685 del año 2016) y 33 cuestiones de inconstitucionalidad (frente a las 44 de 2016), así como cinco conflictos constitucionales (en 2016, 12).

Pero si por algo estuvo marcada la actividad jurisdiccional del TC durante el año 2017 fue por la situación vivida en Cataluña y la respuesta jurídica que los magistrados han dado, con unanimidad y sin fisuras, al mayor desafío a la Constitución que se ha vivido en democracia. Así, el Tribunal tuvo que pronunciarse sobre la validez de dos leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña: la del referéndum de autodeterminación y la de «transitoriedad jurídica y fundacional de la república». Ambas fueron declaradas inconstitucionales por sendas sentencias fechadas en octubre y noviembre respectivamente. A juicio del TC una y otra ley «proclamaban su supremacía jurídica sobre cualesquiera otras normas que pudieran contradecirlas y vulneraban abiertamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña».

Desde la óptica del Derecho, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española, el TC siempre ha tratado de actuar «con celeridad, mesura y proporcionalidad».

Un año más, los recursos de amparo fueron los más numerosos y representaron un 98,51 por ciento del total de asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de los recursos de amparo (6.216) fue promovida por particulares, de los cuales 5.468 fueron interpuestos por personas físicas y otros 748 por personas jurídicas. Los entes públicos formularon 65 demandas de amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de amparo alguno.