Castro afirma que es una «desvergüenza total» decir que algún funcionario judicial pudo grabar a la Infanta

En declaraciones al canal autonómico IB3, Castro ha señalado que si bien «cada uno tiene derecho a defenderse» , lo que en su opinión no se puede hacer es «lanzar calumnias contra personas que si lo hubieran querido hacer —filmar a la Infanta—, hubieran tenido oportunidades para grabarla de frente, de perfil, como hubieran querido». En esa misma línea, el juez ha añadido que «es absurdo pensar» que el autor del citado vídeo hubiera podido ser uno de los funcionarios presentes en la sala en la que compareció Doña Cristina. «Esto me parece una desvergüenza total» , ha recalcado, para concluir: «El derecho de defenderse no implica acusar a nadie».

En principio, estaba previsto que Castro declarase en esta causa, en calidad de testigo, si bien al inicio de la vista oral las partes presentes en el proceso renunciaron a esta posibilidad. El juicio se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma . En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuía a los dos letrados encausados un delito de desobediencia grave a la autoridad y solicitaba una pena de un año de prisión para cada uno.

Cabe recordar que Castro había dictado el 28 de enero de 2014 una providencia en la que prohibía «terminantemente» que durante la declaración de Doña Cristina se pudiera acceder a los Juzgados centrales de la capital balear con dispositivos aptos para la captación de imágenes o sonidos . Sin embargo, un día después de la comparecencia de la Infanta, fueron difundidas imágenes de su intervención a través de una plataforma web.

Como se ha señalado ya, Carvajal y Jiménez se desvincularon ayer por completo tanto de la grabación del mencionado vídeo como de su posterior difusión a través de Internet. En ese sentido, ambos recordaron que antes de entrar en la sala en la que aquel 8 de febrero iba a declarar la Infanta tuvieron que pasar varios controles de seguridad. En uno de dichos controles le incautaron a Carvajal su teléfono móvil y su «tablet», mientras que a Jiménez le retiraron su celular. Los dos letrados también recalcaron ayer que este caso les está afectando tanto a nivel personal como profesional.

En la jornada de ayer declararon también, en calidad de testigos, los responsables del servicio de seguridad, quienes reconocieron que los funcionarios judiciales no tuvieron que pasar aquel día los mismos controles que los abogados para entrar en la sala fijada para la comparecencia de Doña Cristina. Por su parte, uno de los policías que meses atrás investigó el caso reiteró que habría sido Carvajal quien realizó la grabación . Carvajal y Jiménez se sentaron en la tercera fila de los bancos de la derecha de la sala en la que declaró Doña Cristina. Fue desde ese punto concreto desde el que, presuntamente, se filmaron algo más de cinco minutos de la intervención de la Infanta.

En relación a este punto, Carvajal explicó ayer al tribunal que apenas estuvo unos instantes en dicha fila y que la mayor parte del tiempo estuvo sentado en otro lugar de la sala. Los dos letrados habían viajado hasta Palma en sustitución del abogado Javier Saavedra, que ejercía la defensa de Robert Cocks, presunto testaferro de Iñaki Urdangarin.

Ya en la jornada de este martes, ha declarado el responsable de la plataforma de Internet en la que apareció de forma anónima el vídeo de la Infanta. Durante su declaración, este testigo ha indicado que si bien en un primer momento aumentó el número de visitas a dicha web, a la larga la difusión de la filmación acabó resultando perjudicial económicamente, ya que unos posibles futuros inversores optaron finalmente por no sumarse a ese proyecto digital.

Con posterioridad han comparecido en la vista oral, también en calidad de testigos, tres peritos de la defensa, en concreto, dos profesores de la Universidad de Málaga y un especialista en informática. Dichos expertos han puesto en duda que la grabación de la declaración de Doña Cristina hubiera sido realizada por los dos acusados. En su opinión, la filmación del vídeo se habría producido desde un lugar distinto al que ocupaban ambos abogados.

Una vez finalizadas todas las declaraciones previstas, la Fiscalía ha mantenido en sus conclusiones la petición de un año de cárcel para Carvajal y para Jiménez como presuntos autores de un delito de desobediencia grave. Por su parte, los abogados de ambos letrados han pedido la libre absolución de sus respectivos clientes y han incidido en la idea de que el vídeo de la Infanta pudo haber sido grabado por algún funcionario. Una de las incógnitas que ha quedado sin resolver ha sido la de cuál fue el dispositivo utilizado para la filmación. El juicio ha quedado visto para sentencia.